Los plazos judiciales complican aún más la logística para las elecciones del 14F
Cuando el reloj electoral se pone en marcha, 54 días antes de la jornada de votación, todos los trámites están reglados y se suceden como una coreografía que reparte papeles a la mayoría de las instituciones de un territorio, incluyendo ayuntamientos, juzgados, juntas electorales, gobiernos y un ejército de funcionarios. Todos ellos trabajan con el objetivo de hacer posibles unos comicios que deben celebrarse en una fecha determinada. Pero en las próximas elecciones catalanas ha aparecido un elemento distorsionador: un intento de aplazamiento por parte del Govern que los tribunales han corregido preventivamente. El resultado es que, a menos de un mes del 14F, todavía no está claro que esa fecha se mantenga y ni siquiera cuándo se sabrá con seguridad si se vota el segundo domingo de febrero.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este jueves que se da de plazo hasta el 8 de febrero para decir qué hace con las elecciones. El veredicto puede llegar antes, pero el plazo judicial entra de lleno en la campaña, que comienza el día 29, y complica aún más una logística electoral que deberá realizarse sin tener la certeza de que los comicios se acabarán celebrando. El calendario judicial, que acaba el 8 de febrero, se solapará con periodos tan sensibles como el voto por correo, que acaba el día 10, o la emisión de las papeletas del exterior, que ha de hacerse antes 9.
A efectos prácticos, esto significa que los votantes que opten por el servicio postal para votar –algo que se ha impulsado y fomentado desde las instituciones para evitar aglomeraciones en los colegios electorales– podrían tener apenas 48 horas para hacerlo tras confirmarse las elecciones. O lo contrario, que los comicios acaben suspendiéndose y deban tirarse a la basura miles de votos ya emitidos. Antes de que el Govern optase por un cambio de fecha, el viernes pasado, algo más de 40.000 personas habían pedido registrarse como votantes por correo.
La incertidumbre impacta también en la propia campaña de los partidos, que ha de iniciarse el viernes 29 de enero. Las formaciones políticas tendrán que contratar la totalidad de sus materiales de campaña, actos, desplazamientos y envíos postales, sin tener la seguridad de que estos servirán para algo. Algunos partidos ya subrayaron en las reuniones previas la importancia que para ellos tenía tomar una decisión firme sobre la fecha antes del día 15 de enero, pues era el último día antes de comenzar a comprometer gastos electorales que ya no podían echar atrás. Algo similar pasa con el Govern y su campaña institucional. El departamento encargado de las elecciones ha cifrado el coste de sus gastos en cinco millones de euros, que deberán desembolsarse sea cual sea la decisión final de la justicia.
Pero a los expertos lo que más les preocupa del solapamiento de los pazos con la campaña es la intromisión en el proceso de información y deliberación del votante. "Si se suspenden las elecciones pocos días antes del 14F, abrimos un escenario de inseguridades generalizadas, jurídicas, pero sobre todo de ejercicio de la democracia impensables hasta ahora", aseguraba este jueves Josep Maria Reniu, profesor de ciencias políticas de la Universitat de Barcelona, en Catalunya Ràdio. "Más allá del perjuicio económico, estamos generando un perjuicio en la calidad democrática. No podemos tener un proceso electoral con una participación como la del Parlamento Europeo, sería vergonzoso", ha incidido.
Por su parte, el Govern asegura que los trámites están yendo tan rápido como es posible para dar cumplimiento a la orden del TSJC, que por el momento pide que todo continúe como si las elecciones debieran celebrarse. Entre este miércoles y jueves, las juntas electorales provinciales han proclamado las candidaturas de los partidos, que están sujetas a recursos, al tiempo que los ayuntamientos han comenzando el proceso para sortear y elegir a los miembros de las mesas electorales. Algunos municipios, principalmente los pequeños, ya han finalizado este trámite. La Generalitat confirma que algunas notificaciones incluso ya han sido enviadas a los respectivos designados.
En la oficina electoral aseguran que están preparados para garantizar la celebración de los comicios si así se confirmara en los tribunales, y que además se llevarían a cabo con garantías sanitarias. Diferente es la cuestión sobre la participación o sobre cuántas personas pueden verse privadas de su derecho al voto por estar hospitalizados, contagiados o aislados por contacto con casos de COVID-19. Con las previsiones que hacía el departamento de Salut la semana pasada, el Síndic de Greuges cifraba en unas 200.000 las personas quienes podrían encontrarse en una situación que les impidiese acudir a las urnas. Pero las autoridades sanitarias han agravado las previsiones en las últimas horas y alertan de que la incidencia está creciendo en Catalunya, lo que podría elevar la cifra final de excluidos.
Junts y ERC llevaban toda la semana tirándose los platos a la cabeza. Los dirigentes del partido de Puigdemont, para ser exactos, los que no están en el Govern, consideran que la culpa de que el decreto de suspensión de las elecciones haya sido frenado por la Justicia es de los republicanos. Lleva la firma de Pere Aragonès aunque la autoría es de los servicios jurídicos de la Generalitat. Pese a las evidentes desavenencias entre los socios del Ejecutivo, la decisión de mantener las elecciones para el 14F, aunque no sea definitiva, sumada a la sentencia dictada también por el TSJC y que inhabilita al conseller encargado de los preparativos electorales, ha unificado de nuevo los discursos de ambas formaciones. Este jueves, incluso, hubo comparecencia del Govern en pleno, sin preguntas de los periodistas, para escenificar unidad y apoyo al titular de Exteriores y Relaciones Institucionales. La justicia ha condenado a Bernat Solé a un año de inhabilitación y a pagar una multa de 16.800 euros, algo que para los partidos independentistas prueba que la judicialización vuelve a imponerse a la política.
Mientras, a pocos días de que empiece la campaña, se multiplican las especulaciones sobre posibles alianzas postelectorales. El único republicano que ha insinuado la posibilidad de configurar algún tipo de pacto con los socialistas tras las elecciones ha sido Joan Tardà. El exjefe de filas de los republicanos en Madrid ha señalado en varias ocasiones que es imposible que gobiernen juntos pero considera que son dos partidos que están "condenados a colaborar". Los actuales dirigentes de ERC no van tan lejos, ni en público ni en privado, e insisten en repetir que no se repetirá la fórmula del tripartito que reclaman los 'comuns' y que pasa por un pacto de gobierno entre ellos, socialistas y republicanos. Las encuestas internas que manejan en ERC también han detectado el 'efecto Illa' y un incremento de unos cinco escaños respecto a Miquel Iceta, pero, a diferencia del CIS publicado este jueves, en ningún caso sitúan al PSC en primer lugar.
El CIS es también el primer sondeo de los conocidos hasta ahora que sitúa a Vox por delante del PP. Los populares pasarían de cuatro escaños a siete mientras que el partido de Abascal podría llegar hasta los diez diputados, una cifra que ninguna otra encuesta ha pronosticado. Pablo Casado resta credibilidad "al CIS de Tezanos" y en una entrevista en La Sexta evitó contestar a una pregunta sobre si el PP apoyaría a Illa en el caso de que el aspirante socialista pudiera gobernar sin los votos de las formaciones independentistas.