El paraíso de los funcionarios del Banco de España que pagamos todos
España es un país muy envidioso, y a resultas de las informaciones aparecidas en elDiario.es sobre el lujo vacacional de funcionarios y familiares del Banco de España, todos queremos apuntarnos a disfrutar de vacaciones gratuitas a cargo del erario público.
La existencia de lujosas residencias en Tarragona o Cercedilla, con piscinas más propias de mansiones de personajes como Trump -cuya construcción, encima, ha sido silenciada en la memoria de evaluación de ofertas o en el contrato final, como recoge la investigación llevada a cabo por elDiario.es-, refleja un grado de ostentación muy grosero. Además de estas prebendas, al parecer consentidas y avaladas por el Comité de Empresa, hay otras más desconocidas como las ventajas y rebajas en la concesión de préstamos personales e hipotecarios, lo que permite a muchos funcionarios de la autoridad central tener un salario monetario y en especie muy superior a casi cualquier cuerpo de la Administración Pública. Todo ello en un contexto en el que sus atribuciones son cada vez menores y en el que se permiten, sin tener atribuciones, dar lecciones de austeridad y contención salarial.
Estos privilegios conocidos, sin embargo, no salen a la luz pública de forma voluntaria por el máximo responsable del Banco de España. Este debería dar un ejemplo de transparencia y comunicar a la opinión pública que está muy preocupado por el déficit público y la deuda, pero al parecer no por el lujo asiático -y según se aprecia en muchas de las imágenes, un tanto hortera- para que sus esforzados funcionarios descansen del enorme esfuerzo que realizan dentro de la otrora máxima autoridad monetaria del país.
Los sucesivos discursos contra la subida del salario mínimo interprofesional, contra el gasto social, contra los ERTES en su día o contra los impuestos sobre patrimonio o los recientes anuncios de la imposición sobre beneficios extraordinarios en la banca o las energéticas, producen un rechazo intelectual y social que alguien debería frenar. Por no hablar de la enorme responsabilidad que atesora el Banco de España en la gestación de la burbuja inmobiliaria que tan infausto recuerdo ha dejado a millones de españoles de rentas medias y bajas.
La pregunta que surge, por tanto, es a quién defiende el Banco de España y por qué incumple su mandato esencial que no es otro que supervisar el sistema financiero. No hay que olvidar que la banca es el sector con mayor número de quejas acumuladas desde hace años, multiplicadas ahora con la reducción de plantillas y el desprecio de sus gestores y empleados hacia la población. Todas las denuncias y quejas interpuestas ante el Banco de España carecen de sentido: el regulador acaba poniéndose del lado de las entidades, permitiendo todo tipo de malas prácticas, razón por lo que su propia existencia pierde su significado, salvo que su función objetiva esté relacionada con la cuenta de resultados del propio sistema financiero.
No hay que olvidar cómo se permitió incumplir los principios del loan to value en la crisis financiera anterior, cómo se facilitaron operaciones ruinosas, como las fusiones frías de las Cajas de Ahorro, o cómo se dejó que la banca utilizase instrumentos claramente fraudulentos como las participaciones preferentes, cuotas participadas o las clausulas suelo. Después de digerir todo el daño que causó la burbuja inmobiliaria, nadie ha cuestionado el nefasto papel del Banco de España en toda esa enorme estafa que supuso la selva inmobiliaria en la que se constituyó España, con la complicidad del sistema financiero, político, mediático y la banca internacional. Todavía retumban ciertas recomendaciones para que no apareciese en los documentos internos del Banco de España la palabra burbuja, no fuera que la población se diese cuenta del engaño al que estaba siendo sometido por parte de todos los actores implicados.
El miedo a la critica a la entidad monetaria, solo comparable al que ha existido para con la monarquía, no se acierta a entender, ya que sus profecías solo han cosechado errores clamorosos y no han aportado nada en la defensa de los consumidores, permitiendo multitud de desmanes a los que realmente deberían haber vigilado. Este velo, roto ahora con el descubrimiento de las vacaciones Santillana a costa del erario público, solo se entiende porque ha habido demasiados intereses en juego dentro de la institución. Ese andamiaje de privilegios constituye una ofensa para los que tratan de sobrevivir con salarios bajos y no pueden hacer frente a la subida del Euribor y que ahora se dan cuenta que los que les acusan de vividores y de gastar por encima de sus posibilidades veranean con sus impuestos y disfrutan de prebendas que pagamos todos.
Espero que alguien con sentido de Estado corrija estos desmanes y recuerde a las autoridades monetarias que supervisen de forma eficiente a quienes nos están imponiendo chantajes en forma de seguros para que se nos concedan préstamos hipotecarios e incluso créditos ICO. Por lo que se puede ver, España es un país de castas que nunca serán abolidas, en que aún sobrevuela el espíritu de los Santos Inocentes.