«TSJ: Échenle bola», publicó María Corina Machado en la red social X, retando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a que 'haga el esfuerzo', a que se 'atreva' a validar los resultados con los que, sin respaldo alguno, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a Nicolás Maduro la victoria de las elecciones del pasado 28 de julio. Y así lo hizo el Supremo, presidido por la militante chavista Caryslia Beatriz Rodríguez , publicando una sentencia en la que se reitera la reelección de Maduro, después de realizar un opaco y cuestionado peritaje del material entregado por el CNE para despejar dudas sobre el proceso. «Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular», advirtió Edmundo González, el presidente electo, según las actas que mostró la oposición y que pueden ser consultadas a través de la web resultadosconvenezuela.com. «El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor». Minutos antes de que se conociera la sentencia, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU había alertado sobre la falta de independencia e imparcialidad tanto del TSJ como del CNE, que «han representado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado», según publicaron en X. «En 2022, la Asamblea Nacional, el parlamento, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser controlada por la misma Asamblea, de mayoría oficialista, y eligió a los actuales 20 magistrados del TSJ». El CNE tampoco es imparcial; lo preside el chavista Elvis Amoroso, quien fue anteriormente diputado del partido gobernante y quien, desde la Contraloría General, inhabilitó a María Corina Machado y a otros líderes de oposición para postularse a cargos públicos. Machado y González, han instado al CNE a asumir el «futuro democrático» del país y han cargado contra el procedimiento abierto en el TSJ, anticipando que cualquier sentencia para «validar el fraude» será «nula». «Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del TSJ no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen», han señalado Machado y González, en un comunicado suscrito por toda la Plataforma Unitaria, que aglutina a los principales partidos de la oposición en Venezuela. «La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder», han señalado los líderes opositores. La Sala Electoral del TSJ no tiene competencias para pronunciarse y, al hacerlo, ha violado el principio de separación de los poderes públicos y también se viola la Constitución, según los miembros de las Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, pues ni siquiera existe un recurso, como el que presentó Maduro, dirigido a iniciar el proceso de investigación y verificación para certificar los resultados electorales. Pensando ya en los próximos comicios, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), aseguró que quienes no reconozcan sentencia del TSJ, «no podrán postular candidatos en las elecciones regionales». Mientras no se resuelva el actual, la población venezolana aún no puede pensar en futuros eventos electorales. Pero, de todas formas, es poco probable que participen en otro sabiendo que las votaciones no tendrán ningún valor. Estados Unidos tiene preparada una lista de unos 60 funcionarios del Gobierno venezolano, incluyendo a sus familiares, que podrían ser sancionados en las primeras medidas punitivas tras las disputadas elecciones, según información de Reuters. La lista propuesta destaca a funcionarios del CNE de Venezuela, el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia que han estado involucrados en el caos político, dijeron las personas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó en los últimos días el borrador de la lista de sanciones al Departamento de Estado, señalado que el número de personas a ser sancionadas podría cambiar. Entre ellos, podría estar Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrados de la Sala Electoral del Supremo. Las sanciones impondrían prohibiciones de viaje a los funcionarios afectados y a sus familiares, y prohibirían a las entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Aunque aún no está claro cuándo serán anunciadas las medidas. El secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes en la red social X que Washington «responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión». El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, respondió en los últimos días a los funcionarios estadounidenses sobre X, acusando a Washington de organizar «un golpe de Estado» contra Maduro. Los países vecinos, así como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, han intensificado sus pedidos de que se publiquen los resultados completos, pero hasta ahora han mostrado pocas señales de adoptar medidas contundentes ante lo que varios condenaron como fraude electoral.
