La Justicia europea avala limitar la comisión de las agencias inmobiliarias en las ventas y alquileres
Vender o alquilar una vivienda es una tarea tediosa para quienes intentan hacerlo por su cuenta, por ello, la mayoría decide contar con una agencia inmobiliaria, la cual se encargará de todo este proceso a cambio de unos honorarios. El coste habitual de esta comisión oscila entre el 3% y el 7% sobre el precio de venta de la casa. Estos gastos, en muchas ocasiones son excesivos, por ello, desde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) han avalado este jueves la legalidad de limitar la comisión de las agencias inmobiliarias sobre el precio de venta o alquiler de un inmueble.
El TJUE dicta esta sentencia en referencia a una ley eslovena que limita al 4% la comisión que se aplica por dichos servicios en los casos de adquisición o venta del inmueble. En lo que respecta al arrendamiento, el límite esloveno es del 4% de la cantidad resultante de "multiplicar el importe de la renta mensual por el número de meses durante los cuales se arrienda el inmueble", señala la sentencia. Y añade que se consideran nulos los contratos de intermediación que vulneren esa limitación.
El Tribunal de Justicia europeo recuerda que se puede admitir una medida como la establecida por la ley eslovena, siempre y cuando no sea discriminatoria, esté justificada por una razón "imperiosa de interés general" y sea proporcionada.
La limitación de las comisiones no parece ser discriminatoria, aclara la sentencia, puesto que se aplica con independencia del domicilio social de la sociedad inmobiliaria interesada. En lo que respecta a la justificación, este tope parece apto para promover la accesibilidad a viviendas adecuadas a precios asequibles. Asimismo, esta medida puede contribuir a proteger a los consumidores -sobre todo a aquellos considerados vulnerables-, ya que impedirá que se apliquen tarifas excesivas.
El TJUE recuerda que será el Tribunal Constitucional esloveno el que deberá comprobar si esta limitación es necesaria para conseguir los objetivos mencionados y si no se puede sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan, a su vez,. obtener el mismo resultado. Por tanto, será necesario examinar si el legislador nacional habría podido instaurar una medida dirigida específicamente a los consumidores vulnerables y si la remuneración por los servicios de intermediación inmobiliaria permite a las sociedades que los prestan cubrir sus gastos y obtener un beneficio razonable.