Golpista interpuesto
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En cualquier otro momento o cualquier otro país Joaquim Torras, «Quim», no habría pasado de ser un oscuro diputado obediente a la hora de apretar el botón o un mediocre «community manager» especializado en insultar a través de las redes sociales, como viene haciendo desde hace años con mensajes tipo «los españoles solo saben expoliar» o «vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario». Quien carece de argumentos para defender su posición o simplemente defiende una posición indefendible suele recurrir a estas tácticas de acoso y derribo, muy propias del nazionalismo (con zeta) supremacista y excluyente. En algunos lugares, como el País Vasco, el derribo se llevó a cabo hace tiempo por la banda terrorista interpuesta, mediante tiro en la nuca o coche bomba. En otros, como la Cataluña actual, el acoso se practica de manera sistemática e implacable desde las instituciones autonómicas, con cargo a los presupuestos y ante la impotencia cómplice de los órganos obligados a defender el orden constitucional pisoteado.
En cualquier democracia que se respetase a sí misma el discurso de investidura escupido por el tal Torras el sábado lo habría inhabilitado para optar al cargo al que aspira. Porque aquello no fue el relato de un proyecto de gestión, sino una sucesión de amenazas. Una enumeración detallada de iniciativas políticas abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico vigente. La confesión orgullosa de una serie de delitos en grado de tentativa, cuya consumación supondría el fin de las libertades que aún conservan los catalanes leales a la Carta Magna (cada vez más recortadas) y la ruptura de la unidad consagrada en su artículo II.
En cualquier otro periodo de nuestra historia, con la única excepción de los mandatos de Zapatero, semejante desafío habría sido respondido por los distintos poderes el Estado con medidas destinadas a ponerle fin de inmediato. Los partidos constitucionalistas habrían cerrado filas. El Ejecutivo habría tomado la iniciativa, el Legislativo, legislado con urgencia, y el Judicial, actuado para sancionar el intento de quebrar el espinazo de nuestra nación a base de hechos consumados las más de las veces impunes.
¿Qué se está haciendo ahora en el empeño de parar los pies a estos golpistas? Poco o nada. El Rey dio un valiente puñetazo en la mesa cuando debía y consiguió despertar con ello la conciencia dormida de millones de españoles. El juez Llarena y algunos de sus colegas en la Audiencia Nacional o los juzgados catalanes tratan de cumplir con su deber heroicamente, sorteando los obstáculos que interponen en su actuación declaraciones como la de Montoro, al afirmar que «no se ha gastado ni un euro de dinero público en el procés», sin otro fin que el de salvar sus posaderas ministeriales. Ciudadanos y Vox protestan, alzan la voz y acuden a los tribunales, aunque carecen de fuerza suficiente para resultar efectivos. Los demás están de perfil, esperando a que la tormenta pase sin derribarlos de sus poltronas.
La modalidad de 155 activada es tan débil, tan temerosa, que no ha servido de nada. Las elecciones se convocaron con una precipitación suicida. La televisión autonómica sigue sembrando odio a la vez que jalea a etarras. Los prófugos de la justicia delegan tranquilamente el voto para investir a un individuo como el tal Quim, que alardea en el Parlamento de sus intenciones golpistas... Esto parece una versión catalana del festival de «Eurofrikivisión», que hasta resultaría cómica si no estuviera en juego España.