Retenes, volantas, patrullajes o fuerza de acción rápida. No importa el nombre. El gobierno quiere atender el reclamo ciudadano de inseguridad y toma le decisión de ayudarse de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal para detener el incremento de asesinatos, robos, desapariciones y otros delitos. La decisión reconoce, así sea de manera implícita, que la estrategia hasta ahora usada no funcionó y se necesita al ejército en las calles. En buen romance se llama incremento de la fuerza represiva de la que dispone el Estado.
Bien. Es una decisión del gobierno con base en sus atribuciones legales y, suponemos todos, con base en la actualización del diagnóstico del estado que guarda la fuerza criminal que ha suscitado los incrementos de los índices delictivos en los últimos doce meses, y en particular después del evento de la muerte de varios policías de alto rango, en una operación calculada, planeada y ejecutada con rigor desusado.
Incrementar la represión es una estrategia con alto riesgo. Lo sabe el gobierno, lo muestran los estudios y lo saben los altos mandos involucrados en la puesta en práctica de esta decisión. El riesgo surge de dos situaciones asociadas a la práctica de la opción represiva decidida. Una, son las molestias, confusiones y enojos que suscita entre los ciudadanos y ciudadanas el disponerse de buena manera a una inspección policial. La posibilidad estadística de encontrarse con un grupo, auto o casa de criminales es pequeña, pero la estrategia requiere inspeccionar a cualquiera. El supuesto policial para eliminar este riesgo es el poder de la inteligencia policial disponible para informar con certeza y discreción máxima a las fuerzas represivas de los lugares dónde se encuentran o transitan las personas buscadas, para reprimirlas con eficacia. ¿Dispone el gobierno de esa inteligencia? Si la respuesta es no, habrá múltiples violaciones a los derechos de los ciudadanos y el objetivo no se cumplirá.
La segunda situación de riesgo está en el carácter necesariamente temporal de la estrategia. No es posible mantenerla durante un tiempo largo. La ciudad empezará a dudar y por tanto a pedir el cambio de la decisión represiva. Para atenuar este riesgo es conveniente que el gobierno comunique el objetivo a lograr y el tiempo que estima será necesario. Esta información está pendiente todavía. ¿Solución?
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