Manuel Marchena, «la mano de hierro y el guante de seda» del Tribunal Supremo

La Justicia copa titulares en los medios de comunicación a diario. Los jueces, antaño altos funcionarios alejados del foco mediático, levantan ahora expectación como se evidenció este lunes en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. La sala se quedó pequeña para oír al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena. No se salió ni un ápice del guión de su conferencia «La responsabilidad penal de las personas jurídicas» para frustración de los periodistas que aguardaban alguna reacción del magistrado ponente de la sentencia que condenó a los líderes independentistas catalanes. La lección inaugural del máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales que lo trajo a Sevilla, la impartió tan sólo unas horas después de que Oriol Junqueras asegurara en una entrevista que quien debía estar condenado era el propio Marchena.


«Para la inauguración de este máster, que era un viejo sueño de esta facultad, queríamos traer a un gran penalista, a un jurista de reconocimiento. Visto como está el aforo y siendo además época de exámenes, parece que no nos hemos equivocado», señalaba el decano de Derecho, Alfonso Castro. El director del máster, el profesor Miguel Polaino, hizo una breve semblanza del invitado, destacando la forma en la que dirigió la vista oral por el «procés», en la que hizo gala «de mano de hierro y guante de seda», señaló el responsable del máster.


La conferencia de Manuel Marchena versó sobre la reforma para introducir la responsabilidad penal de las empresas y otros entes jurídicos, ya que hasta 2015 se entendía que el delito era una conducta exclusivamente imputable al ser humano. El reconocimiento de las personas jurídicas como actores que pueden ser condenados, «a penas que van hasta la condena a muerte porque se puede acordar la disolución de una empresa», aterriza en el Código Penal a través de una enmienda del Senado.


Fiscalía de Sevilla, pionera
Manuel Marchena recordó ayer que esta reforma legal la vio recogida por primera vez en varios escritos de la Fiscalía de Sevilla sobre la posibilidad de condenar a los prostíbulos que se lucraban de la prostitución coercitiva. «Fue una sorpresa porque no creo que el legislador hubiera pensando en este supuesto cuando planteó la necesidad de la reforma, sino más bien en delitos cometidos por corporaciones, empresas pantalla...».


Una sentencia, que bautizó con el nombre de bisiesta porque se dictó el 29 de febrero de 2016, fijó los fundamentos para condenar a una empresa como responsable penal. Se trataba de una compañía que introducía maquinaría industrial y que fue usada como tapadera para meter cargamentos de cocaína. Admite que hubo una división interna en el tribunal, con el voto particular de varios magistrados, pero prosperó un modelo de autoprotección, que entiende que las empresas jurídicas están obligadas a introducir mecanismos de protección que detecten las conductas delictivas de sus directivos, porque, en caso contrario, pueden ser responsables de los actos de esos individuos. Esta reforma penal sólo atañe a una serie de delitos. Un listado incompleto para el magistrado porque han quedado fuera delitos como el que atenta al derecho de los trabajadores.