Al menos 878 arrestos y 39 policías heridos durante las protestas antiminería en Panamá
Al menos 878 personas, 761 adultos y 117 menores, han sido arrestadas por presuntos delitos de vandalismo y daños a la propiedad, en las protestas que cumplen ya nueve días en demanda de la derogación del polémico contrato minero con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
El balance de las operaciones de control público divulgado este martes por la Policía Nacional detalla también que «hasta ahora hay 39 unidades policiales lesionadas, 9 por agresión física, 22 por objeto contundente y 8 por armas de fuego».
Además se han atendido casos de vandalismo que han dejado 62 comercios afectados y 48 instituciones gubernamentales, entre ellas oficinas, estaciones de cámaras de seguridad y estaciones del Metro, señala la información oficial.
De igual forma, unos 57 vehículos fueron afectados, de estos, 21 institucionales.
Todas las personas aprehendidas por la Policía han sido llevadas ante las autoridades competentes, tras los disturbios en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.
Las protestas continúan
Este martes se volvieron a dar enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las unidades antidisturbios de la Policía en los predios de la Asamblea Nacional (Parlamento), horas después de que el Órgano Legislativo aprobara en el primero de los tres debates necesarios la derogación del polémico contrato minero.
Ya entrada la noche, el grupo de manifestantes fue dispersado por la Policía con gases lacrimógenos, pero los rifirrafes continuaron en otros puntos de la capital, sin que de momento se tenga información de nuevos arrestos.
El nuevo pacto renovado por 20 años prorrogables fue ratificado con su firma el pasado 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras superar de manera exprés los tres debates necesarios en el Parlamento.
El nuevo proceso de debates en la Asamblea Nacional se produce después de que este domingo, en el último de sus tres mensajes a la nación buscando aplacar las protestas, el presidente propuso una consulta popular vinculante para decidir si se deroga o no el contrato ley firmado entre el Estado y Minera Panamá.
Además, el mandatario elevó a ley la moratoria minera, que días antes había presentado como decreto ejecutivo, como una salida a esta oleada de protestas que mantienen semiparalizado el país.
La derogación, la moratoria y la consulta popular deben ser procesadas a través del Parlamento al ser sugeridas como leyes: pasar los tres debates obligatorios y, una vez aprobadas, deben ser sancionadas por el presidente.
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