La labor legislativa del parlamento autonómico, la de aprobar leyes , tiene distintos caminos: el primero, mediante los proyectos que llegan desde el Gobierno regional que precisan, para su entrada en vigor, de la aprobación del pleno; el segundo, a través de las proposiciones de ley (PPL) , es decir, aquellas propuestas que hacen los propios grupos parlamentarios y que, previa autorización del ejecutivo y del acuerdo del hemiciclo, llevan a cabo su correspondiente tramitación, incluida la presentación de enmiendas, hasta convertirse en ley si logra el sí mayoritario de la Cámara. La gran diferencia entre una y otra fórmula está en que la segunda tiene una mayor rapidez en el proceso, sobre todo porque evita los controles a los que obligan los proyectos que emanan del Gobierno, como son los informes preceptivos del Consejo Consultivo y del CES. En los dos años que han transcurrido de esta XI legislatura, los grupos parlamentarios han presentado 16 proposiciones de ley, de las cuales siete llevan la firma de PP y Vox ; tres del PSOE, y otras tres de Francisco Igea (Grupo Mixto); las otras tres corresponden al PP, Podemos y Soria ¡Ya! Hasta ahora, lo habitual era que esta fórmula fuese empleada sobre todo por los grupos de la oposición , ya que es la manera de llevar al hemiciclo sus iniciativas legislativas, y, en menor medida, por los partidos que integran el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, en esta XI legislatura, están siendo PP y Vox los que llevan la iniciativa, por encima de la Junta, en lo que a la elaboración de leyes se refiere, ya que en los dos años largos de legislatura el Gobierno regional ha remitido al parlamento cinco leyes (las cinco aprobadas), sin contar las cuatro correspondientes a los presupuestos de la Comunidad. En la anterior legislatura en la que el Gobierno autonómico estaba en manos de PP y Ciudadanos, en sus dos años de recorrido se presentaron en las Cortes seis proposiciones de ley. Fueron rechazadas cuatro por el PSOE y una quinta firmada con el Grupo Mixto. Salió adelante la única que presentaron los socios del Ejecutivo por la que se modificaba la Ley de Servicios Sociales . La novena legislatura, entre 2015 y 2018, la última completa, fue mucho más fructífera en la utilización de la citada fórmula legislativa, con un total de 23 PPL. Sin embargo, la gran diferencia con respecto a la actual (han sido 16 en dos años) es que entonces la mayoría fue presentada por la oposición parlamentaria. Así, el PP en solitario presentó cuatro y firmaron otras dos con otros grupos; Podemos, que entonces contaba con diez procuradores, diseñó cinco; el PSOE, otras cinco, y CS, dos. El resto llegaron de variadas combinaciones políticas. Sin embargo, en estos dos años de acuerdo PP-Vox se han aprobado tres PPL, todas con su firma, mientras que otras tres, presentadas por el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea , han sido rechazadas. De esta forma, salieron adelante la modificación del procedimiento de d esignación de senadores autonómicos , la bonificación de las tasas veterinarias como medida de apoyo al sector ganadero, y las de sanidad animal, que define la figura del veterinario autorizado. Fueron rechazadas, en cambio, las tres propuestas de Francisco Igea. La más reciente es, curiosamente, la primera que se presentó, la de derechos y garantías al final de la vida , con la que Igea pretendía recuperar el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo autonómico en 2019 cuando él formaba parte del mismo como vicepresidente pero que no llegó a ver la luz al romperse el gobierno. Una proposición de ley que ha tenido un largo periplo, desde que se presentó en 2022, y que incluso ha llegado a ser enmendada por los grupos parlamentarios (el PP retiró las suyas), aunque finalmente no llegó al pleno y decayó en la comisión sin que los populares participasen en el debate. Las otras dos proposiciones, sobre t ransparencia y el estatuto de los altos cargos, no consiguieron siquiera la toma en consideración del pleno. Otras diez proposiciones de ley están actualmente a la espera . Los socialistas se han estrenado en el último mes con tres iniciativas de este tipo sobre agentes medioambientales, agentes forestales y los derechos y garantías de los ciudadanos al final de la vida. Se trata, en este último caso, del mismo texto de Igea al que el PSOE ha añadido sus enmiendas , pero que lleva su firma con la intención de forzar al PP a apoyarlo, como llegó a hacer antes de que rompiera relaciones con Igea. Otras cuatro PPL son de PP-Vox , entre ellas, la polémica de Concordia cuya elaboración, al menos negociación, arrancó en la Consejería de la Presidencia al comienzo de la legislatura. Finalmente, dio el salto a las Cortes autonómicas para que fuesen los dos grupos parlamentarios los encargados de darle forma como así han hecho para encontrarse con el no rotundo de toda la oposición e, incluso, del Gobierno de España. No será sometida a la consideración del pleno hasta pasado el verano. También está pendiente la reforma del Servicio Público de Empleo , que impulsaron las dos formaciones políticas así como la modificación de la Ley del Ruido. El pasado mes de mayo se presentó la proposición de ley para incentivar los puestos sanitarios de difícil cobertura, un texto pendiente de comenzar su recorrido, mientras que está más avanzado y ya ha pasado por el trámite de presentación de enmiendas la destinada al blindaje de los servicios esenciales, que presentó el Grupo Popular en solitario. También es reciente la propuesta de Podemos para vetar la publicidad institucional a aquellos medios que difundan «mentiras o bulos» , según recoge el texto, así como la que incluye un conjunto de medidas contra la despoblación , que en este caso lleva la firma de Soria ¡Ya!.
