Castilla y León se levanta hoy pendiente de una cita, la que tendrá lugar a las cinco de la tarde cuando en Santa Cruz de Tenerife se reúna la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a la que acudirán los consejeros del ramo, incluida la titular de Familia de Castilla y León , Isabel Blanco. En ese encuentro se tomará una decisión sobre los menores no acompañados (menas) que llenan los centros de Canarias y se podría acordar su distribución por todas las autonomías. Una decisión para la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su oposición frontal hasta el punto de amenazar con romper los acuerdos que mantienen con el PP en comunidades como Castilla y León si los populares se muestran de acuerdo con esta medida. Un asunto que ha generado no poco desasosiego y confusión en la Comunidad ante el órdago lanzado por el líder de la formación verde y recogido ayer, aunque con un perfil más suave, entre los suyos. El primero, el vicepresidente de la Junta y responsable autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, quien emplazó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al Grupo Popular en las Cortes a cumplir el pacto de gobierno firmado en marzo de 2022 por las dos formaciones. «Si no lo hacen, nos ponen en una posición en la que no nos dejan opción», señaló Gallardo , dando así a entender que la única salida sería la ruptura del Gobierno de coalición. Lo dijo durante su comparecencia ayer en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León que, tras su primera intervención de dos horas en la que hizo balance de los dos años de legislatura del Gobierno autonómico, se convirtió en un monográfico sobre inmigración. Porque Gallardo dejó clara la posición de los suyos que pasa por que se cumpla el artículo 32 del pacto que apuesta por promover una inmigración ordenada y contraria a las mafias ilegales. «Yo les animo a que en la Conferencia Sectorial sobre el reparto de menas su posición política sea clara, que cuando haya que tomar decisiones de impacto jurídico también y que se cumpla el pacto de Gobierno», insistió en una intervención en la que advirtió de que «no es casualidad que el último artículo del pacto fuese el de la inmigración ilegal». Recordó, además, que «generó mucha negociación» e, incluso, que si no se hubiera recogido hubiera sido imposible porque era un punto esencial». Por ello, animó a Mañueco a que «actúe con responsabilidad» para que «ningún dirigente nacional nos diga lo que se tiene que hacer en Castilla y León». Pero para el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, también hay que tener en cuenta el segundo eje del acuerdo que se centra en promover la solidaridad entre las comunidades, lo que equivale a admitir el reparto de menores no acompañados entre las autonomías. El propio presidente de la Junta, al ser preguntado sobre el órdago de Santiago Abascal al PP, recordó que la encargada de fijar la posición del Gobierno autonómico es la consejera de Familia y reiteró que «como hemos actuado en muchas ocasiones, Castilla y León es una tierra solidaria». «Que nadie lo dude, vamos a estar a la altura de esta situación que se está viviendo, a pesar de la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que no lo está», añadió. «Castilla y León mañana (por hoy) fijará su posición en la Conferencia Sectorial y no será muy distinta a la de otras ocasiones», garantizó el presidente de la Junta. Y eso es, precisamente, lo que preocupaba ayer en las filas de Vox , que no ocultaban su temor a que el voto de los populares a favor de los traslados provocase la ruptura del Gobierno de coalición , una decisión que, reconocieron, sería de la dirección nacional de la formación o, para ser exactos, del propio Abascal. Lo cierto es que durante la Comisión de Presidencia, García-Gallardo adoptó un tono conciliador, aunque firme, y reiteró su petición tanto a Mañueco como al Grupo Popular a que «la lealtad que se ha demostrado en otras ocasiones, se traslade a las cuestiones a las que nosotros también damos mucha importancia», en referencia a la política migratoria que pasa, según su criterio, por «combatir la inmigración ilegal y luchar contra las mafias» y en el caso concreto de los menores, devolverles a sus países de origen, bien con sus progenitores o con los servicios sociales para evitar «el efecto llamada». «No se puede tomar una decisión en esta materia de manera unilateral e ignorando el criterio de los socios porque eso no es leal», reiteró. Un Gallardo que fue acorralado por la oposición parlamentaria que le preguntó reiteradamente –hasta en cuatro ocasiones los socialistas y en dos el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea– sobre «qué va a hacer si la Junta, a través de su consejera de Familia, acepta recibir a menores inmigrantes». El vicepresidente no quiso contestar a esa pregunta directa, argumentando que sólo él «marca los tiempos políticos», pero sí aclaró que «tengo infinitamente más amor a mis principios que a mi puesto». «Nos gustan los barcos con honor, pero si tenemos que elegir entre barcos y honor, elegiremos honor», zanjó. Mientras, desde los grupos parlamentarios de los dos socios de Gobierno se apeló al buen entendimiento entre ambo s. «Las relaciones son muy buenas y la comunicación es leal», señaló el portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, para quien el acuerdo firmado en marzo de 2022 se ha cumplido en un 75,5 por ciento. Pese a todo recordó que «somos partidos diferentes y discrepamos en algunos asuntos fundamentales». También el procurador de Vox, Ignacio Sicilia, destacó cómo el Gobierno de coalición ha demostrado su «capacidad de gestión, eficiencia y compromiso». En la oposición parlamentaria, especialmente en las filas socialistas , insistieron en que los planteamientos de Vox y de García Gallardo, al que calificaron de «xenófobo y racista» son «inaceptables», en palabras de la procuradora Patricia Gómez, quien le recriminó por relacionar la criminalidad con la inmigración. «¿Va a apostatar?» , preguntó al vicepresidente de la Junta, tras recordarle que sus planteamientos no coinciden con la postura de acogida que defiende la Conferencia Episcopal Española. Francisco Igea, por su parte, le animó insistentemente a ser «valiente» para decir «qué va a hacer» si hoy se decide el número de menores no acompañados que tiene que acoger la Comunidad. «¿O es uno más de la derechita cobarde», preguntó, para concluir que «también estamos obligados a cumplir con los compromisos de la infancia y no poner en riesgo a los menores».
