Por segunda vez, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional por las muertes de 49 personas y 344 heridos durante las marchas sociales ocurridas en los albores de su toma de posesión del cargo, en reemplazo de Pedro Castillo.
En los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023, la protesta contra su designación se volcó a las calles y se expresó con movilizaciones masivas en algunos puntos del país. La respuesta policial y militar se repitió con las mismas características: excesos en el uso de armas letales contra población civil y disparos al cuerpo.
La mandataria Boluarte repetía, en cuanto foro asistía, estas explicaciones mientras las muertes se multiplicaban en el interior del país y también durante las protestas en la capital. Asimismo, lo hacía el primer ministro de entonces, Alberto Otárola, y otros funcionarios del régimen con participación directa en la transmisión de estas órdenes a los mandos militares, como se ha logrado determinar en las investigaciones. Fueron inicialmente organismos internacionales, coaliciones y ONG de derechos humanos los que realizaron investigaciones independientes —sobre la base de reportes de video y testimonios logrados por los medios de comunicación locales y nacionales, entre ellos La República— que pudieron determinar en primer lugar que la represión causante de las muertes fue excesiva, pudo evitarse y que se llevó a cabo en diferentes localidades del país bajo la misma modalidad, básicamente porque existió una cadena de mando y las ordenes precisas para actuar de la forma en que se actuó. Por tanto, se trata de crímenes —en algunos casos documentalmente extrajudiciales— que constituyen violación flagrante de los derechos humanos y deben ser perseguidos y sancionados de acuerdo a las leyes internacionales, con base en tratados de los que el Perú es parte. Esta comprobación sirvió para que, en junio pasado, la FIDH y su contraparte peruana, la Aprodeh, denunciaran a Dina Boluarte e integrantes de su Gobierno ante la Corte Penal Internacional. Ahora se ha procedido a presentar una segunda denuncia, formulada por 16 ciudadanos peruanos que piden también el juzgamiento en ese tribunal por los crímenes cometidos en ese período. Se debe evitar la impunidad y garantizar la justicia.
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