Qali Warma: la inaceptable indiferencia del Estado
Es profundamente indignante que, tras casi un año después de la intoxicación de escolares en Cabana, Puno, causada por conservas en mal estado de la empresa Frigoinca, el Estado peruano siga mostrándose indiferente ante la tragedia que afecta a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad.
No se trata solo de un problema burocrático o legal; es una cuestión de atención directa a las personas que requieren desesperadamente el apoyo del Estado.
En las escuelas de políticas públicas se enseña que estas deben tener un grado de discrecionalidad que permita corregir de inmediato aquellas contingencias que surjan en cualquier momento de la implementación.
La reciente decisión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y del programa Qali Warma —ahora con el nombre cambiado a Wasi Mikuna— de traer a Lima a diez niños afectados, acompañados por sus padres, no solo es un intento tardío de abordar una crisis que se debió atender desde el primer momento, sino que es la constatación del maltrato sistemático a los más vulnerables.
“Nos han traído de la noche a la mañana y no entendemos por qué recién después de casi un año nos trajeron a Lima”, afirman desconcertados los padres y madres de familia de los menores envenenados.
Este comportamiento por parte del Estado refleja un desprecio absoluto hacia la vida de los niños que deberían ser la prioridad de todo Estado. ¿Qué criterio profesional se sigue para atender a las principales víctimas?
Cuando la intoxicación ocurrió en marzo del 2024, ni el Midis ni Qali Warma mostraron preocupación alguna por el bienestar de los afectados. Solo tras la cobertura periodística en octubre del 2024, comenzaron a tomar muestras de sangre, pero sin informar a los padres sobre los resultados.
No bastó la denuncia de los padres de familia para detener el suministro de la comida que envenenaba a los infantes. La gestión de Demartini recién habría decidido retirar el producto a los niños siete meses después, y recién en diciembre se resolvieron los contratos con la empresa.
Lo que seguimos verificando con la nota que ordena nuestra portada de hoy es que la tragedia tiene como correlato más directo el uso sistemático de lo legal y lo burocrático como excusa para no asumir responsabilidades.
En ese sentido, la indignación que queremos expresar no solo debe ser un eco en las redes sociales; es fundamental que se transforme en acción colectiva para que ciudadanos y, principalmente, autoridades políticas exijan un cambio urgente en la forma en que el Estado aborda la salud y el bienestar de su población más vulnerable.
La salud de nuestros peruanos más indefensos no puede ser un juego político, sino un derecho fundamental que debe ser priorizado, sin excepciones.