Grito de socorro del ICAM: miles de personas se quedan sin derecho a un abogado

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha materializado este jueves su grito de socorro ante el Defensor del Pueblo porque a miles de ciudadanos que viven en una situación de vulnerabilidad se les ha usurpado su derecho a contar con un abogado gratuito del turno de oficio.

Los abogados madrileños alertan de que el achicamiento del acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita se debe a que no se ha actualizado el Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples (IPREM), que es el criterio que fija quién tiene derecho y quién no a disfrutar de un letrado de oficio.

Denuncian que el problema ha surgido por el sucesivo aumento del Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) hasta en un 61 por ciento desde 2018, mientras que el IPREM, que lo fija cada año el Consejo de Ministros, solo ha crecido en un 11,5 por ciento.

Ejemplo de ello es que en una familia con dos hijos los progenitores perciben como salario, cada una por su lado, el SMI, ya no pueden disfrutar de asistencia letrada sin pagar. Lo que en términos monetarios se traduce en que el umbral máximo para una familia de cuatro miembros es de 1.800 euros mensuales.

Una cifra que está muy por debajo de los ingresos de una pareja en la que ambos perciban el SMI, que se colocarían en unos 2.368 euros al mes, lo que les impide acceder a lo que es un derecho esencial.

Cuando, recuerdan desde el ICAM, un proceso judicial básico en España puede costar de media entre 3.000 y 5.000 euros. "Una barrera inasumible para quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas" que, señala el diputado responsable del turno de oficio Juan Manuel Mayllo, "no puede seguir siendo ignorada por la ley".