Las restricciones a la pesca impuestas por la UE amenazan el futuro del sector en España por su rigor desproporcionado al aplicar las medidas que necesita una sola especie marina a 200 en total. En un foro que se celebra este jueves y el viernes en Castellón , la Generalitat Valenciana y las cofradías van a reclamar al Gobierno que presione en Bruselas para que se suavicen. Máxime, cuando la Naturaleza no se rige por los límites administrativos de los países y al otro lado del Mediterráneo , en la costa norteafricana se trabaja con otras normas medioambientales mucho menos estrictas , por lo que pronto sólo van a faenar los barcos marroquís, argelinos y tunecinos. El director general de Pesca, de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Castell , ha defendido la necesidad urgente de con «un marco normativo en igualdad de condiciones que las del resto del sector pesquero» en este mismo mar. En la presentación de este « Foro Científico de la Pesca Española en el Mediterráneo», organizado por la Fundación Azul Marino, la Universidad de Alicante, las Cofradías de Pescadores de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, se han aportado datos del peso económico de esta actividad. «Contamos con 203 embarcaciones de arrastre , y el objetivo es no solo mantenerlas, sino aumentarlas, para que el pescado fresco de nuestras costas llegue directamente a nuestras lonjas y mesas, evitando depender de pescado congelado que, aunque capturado en el mismo mar, no ha sido pescado por nuestra flota», ha subrayado Castell. En la actualidad, el sector pesquero en la Comunitat Valenciana genera más de 4.000 empleos directos e indirectos, y tiene un « valor ecológico incalculable»: sólo en 2024 se retiraron del mar 150.000 toneladas de basura, principalmente plástico , según han precisado fuentes autonómicas. «Desde el Consell, exigimos más transparencia en los criterios de pesca, ya que actualmente se aplican decisiones sobre casi 200 especies basadas en el estado de una sola, como la merluza , lo que consideramos injusto y perjudicial». Es por ello por lo que reclamamos una revisión amplia y técnica para definir el stock real de todo el conjunto de especies», ha reclamado Castell. También ha insistido que «el sector no puede vivir con la incertidumbre de si cada año se le reducirá o no el número de días de faena », y ha pedido que «estas decisiones sean públicas, previsibles y con plazos, para permitir una planificación como en cualquier otra actividad económica». El director general ha hecho un llamamiento a garantizar el relevo generacional , «atraer a más jóvenes al sector y dar estabilidad a un colectivo que es esencial para la economía, la cultura y la sostenibilidad del Mediterráneo». Antes, para caminar en esa dirección, el primer paso -a su juicio- es que el Gobierno «adopte una posición firme y unificada ante Europa para evitar más restricciones: lo que no se puede pescar al norte, no se puede pescar al sur, nuestros pescadores deben tener las mismas reglas del juego que el resto». El sector ya ha sufrido una reducción drástica del esfuerzo de pesca, cercana al 40% de los días en los últimos años, junto con otras medidas como la mejora de selectividad, vedas espaciales y temporales, y la implantación obligatoria de nuevas mallas. En este sentido, desde el 1 de junio es obligatorio el uso de redes de arrastre con malla cuadrada de 45 mm para pesquería costera y 50 mm para pesquería de profundidad -lo que entraña fuertes inversiones-, además de la exigencia de tallas mínimas para especies como la gamba roja y la cigala. «Estas medidas han permitido mantener en 2025 los mismos 130 días de faena establecidos para 2024, evitando así el recorte a 27 días propuesto por la Comisión Europea», ha recordado Castell, un cupo que hubiera resultado catastrófico. Castell ha apuntado que «a pesar de este parche , no hay una solución definitiva para el sector» y ha remarcado «la necesidad de trabajar conjuntamente entre todas las administraciones implicadas y el sector para ser fuertes y convincentes ante el Gobierno de España y las autoridades europeas».
