El Gobierno autonómico del socialista Emiliano García Page ha instado a los regantes alicantinos, murcianos y almerienses a ser « más inteligentes » para apostar por la desalación en lugar de contar con el agua del trasvase Tajo-Segura , que habría que cerrar, a su entender. Su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez , ha advertido además de que no van a «consentir» que sigas las actuales reglas de explotación del acueducto. Tras conocer la aprobación de mero trámite de las transferencias hídricas de los últimos tres meses del año, de 27 hectómetros cúbicos en lugar de 38 para octubre, noviembre y diciembre (como estaban cuantificadas hasta 2021), de forma automática al contar con reservas de Nivel 2 los embalses de la cabecera del Tajo, ha trascendido el malestar en el seno del Ejecutivo castellanomanchego. Además, la dirigente autonómica ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por plegarse -a su juicio- ante el « lobby » agrícola y de la industria agroalimentaria del sureste peninsular, por una carta dirigida desde la Generalitat Valenciana , la Región de Murcia y la Junta de Andalucía al Gobierno para pedir que se paren los recortes previstos al trasvase, con la elevación de caudales ecológicos en Tajo y esos cambios en las normas de funcionamiento. Por eso, ha vuelto a apelar a la desalación como alternativa , con la que los regantes «pueden obtener recursos para el regadío por esa vía, algo más sostenible e inteligente». Mientras en Castilla-La Mancha el debate sigue enquistado en esa tesis, con otras veces exigiendo las restricciones, como el portavoz del gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, al otro lado del acueducto se sostiene lo contrario, tal como ha quedado patente en una mesa redonda de expertos organizada esta semana por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (UA), Andrés Molina , ha alertado de que la reducción drástica de estas transferencias «podría dar lugar a una eventual responsabilidad patrimonial del Estado », debido a «los perjuicios muy severos sobre la economía y el tejido social del Levante». Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), Francisco Flores , ha puesto el foco en que el Plan Hidrológico del Tajo 2023 «no ha analizado bien los sistemas de explotación de recursos y ha hecho mal la asignación de recursos perjudicando con ello a la Comunidad de Madrid, a los usuarios del Acueducto Tajo Segura e incluso a los del Tajo». En su examen con perspectiva histórica, este especialista ha llegado a la conclusión de que hay desde hace décadas un «continuado intento de reducir las aguas excedentarias » con el objetivo evidente de mermar los volúmenes trasvasables. «De hecho, si se analizan las diferencias de los caudales mínimos ecológicos en tramos representativos en el Plan 2023 se puede apreciar como los tramos que afectan al Acueducto Tajo-Segura son desproporcionadamente más elevados» y se dfinen con «falta de rigor», a su juicio.
