Las feministas denuncian la «oscuridad deliberada» del Gobierno con los cambios de sexo registral de la Ley Trans

El pasado 17 de agosto, un ertzaina intentó agredir a su pareja con un cuchillo y amenazó con dañar a sus dos hijas. A priori se trataría de un caso de violencia de género, pero un hecho lo complica: el agente no consta como hombre, pues cambió su sexo en el Registro Civil , de manera a efectos legales se le considera mujer, tal como informa el Diario Vasco. No es el primer caso de este tipo que se da tras la entrada en vigor de la Ley Trans, una de las normas más polémicas de la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad (junto a la ley del 'solo sí es sí). Pero no hay un registro que clarifique la magnitud de esta realidad. «No existe ningún tipo de registro que permita identificar el número de casos . En los boletines estadísticos del Ministerio del Interior, según las respuestas ofrecidas a través del Portal de Trasparencia, las anotaciones se limitan a señalar el dato registral que figura en el DNI, lo que supone ocultar información relevante para la elaboración de los perfiles criminológicos, pero también supone una falsificación estadística respecto del sexo real de los autores del delito«, denuncian en ABC representantes de la plataforma feminista Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Las administraciones públicas, reclaman estas feministas, «deben recopilar y generar información veraz y útil sin esconder detalles que afectan al diseño de las políticas públicas, impactando en muchas ocasiones sobre la seguridad de terceros». Así, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera «inquietante» la «oscuridad deliberada» del Gobierno, y concretamente de los ministerios de Igualdad, Interior, Justicia y Sanidad «sobre informaciones relevantes vinculadas al impacto de una ley que nació con urgencia y que buscaba la opacidad para impedir que la sociedad conociese el impacto que en el ámbito educativo, de la infancia, la salud, o la violencia contra las mujeres tendría esa ley como consecuencia de la inseguridad jurídica sobre la que se sustenta». Sobre las estadísticas, insisten, las administraciones públicas deben contar con «indicadores específicos» para las personas que se acogen a la Ley Trans para cambiar su sexo en el Registro Civil «ya que aportar informaciones en base a un dato numérico en ningún caso colisiona con el garantista sistema de protección de datos». «Incluir a todas las personas a las que la ley permite acogerse bajo el paraguas 'trans' bajo el indicador de su sexo registral está suponiendo la falsificación de informaciones relevantes. A modo de ejemplo, es imposible saber si existe una relación directa entre los cambios de sexo registral de varón a mujer y el aumento de mujeres que figuran en las estadísticas como agresoras sexuales». Interior e Igualdad, remarcan las representantes de la plataforma feminista, «tienen la obligación de informar sobre estas cuestiones de manera clara».