Tras la orden de inmigración de Trump, aumentan los acuerdos de 'multiplicador de fuerza' del ICE con la policía de Texas

CONDADO TERRELL, Texas (KXAN) – Con una mano curtida por el rancho en el volante de su mula todoterreno, Cody Carruthers señaló con la otra a una pequeña manada de sus cabras en medio de la maleza y los cactus en su extenso rancho del Condado Terrell, cerca del Río Grande que forma la frontera con México.

El Condado Terrell es uno de los lugares menos poblados del país, con unas 800 personas viviendo en un área del tamaño de Delaware. Carruthers proviene de generaciones que han trabajado en el terreno accidentado e implacable con apenas una pizca de sombra en el sofocante calor del desierto.

Carruthers condujo el vehículo al aire libre, cargado con tres periodistas de KXAN, su mezcla de pastor Sissy y su rifle, por el camino rocoso hacia su perímetro de alta seguridad a principios de marzo.

"Este es un punto realmente caliente aquí", dijo Carruthers. "Lleva al cañón donde pueden, ya sabes, esconderse".

Con un labio inferior lleno de tabaco de mascar, Carruthers señaló otro trozo de alambre de la cerca caído donde, dijo, los migrantes pisaron al trepar. Más adelante en el camino rocoso, localizó un cuadrado de cerca cerca del suelo que tuvo que ser reparado después de que alguien cortara los alambres para pasar gateando.

El Alguacil del Condado Terrell, Thaddeus Cleveland, llevó a KXAN a la propiedad de Carruthers como parte de un recorrido por el área que patrulló anteriormente durante más de una década como agente de la Patrulla Fronteriza antes de asumir su cargo actual en 2022. Cleveland, un hombre de la ley conservador, creció en la cercana Sanderson, el pueblo no incorporado de 650 habitantes que es, por lejos, la comunidad más grande del condado.

Las tierras fronterizas de Texas han sido la zona cero en el debate sobre la inmigración, un componente crítico del re-ascenso del Presidente Donald Trump al cargo y su bien publicitada campaña para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

"Aquí, solemos atrapar a menores acompañados", explicó Cleveland. "Eso significa que están con su padre, su hermano, un tío. La gran mayoría son personas que no son diferentes a nosotros, que vienen a trabajar... pero hay algunos que han cometido crímenes en los Estados Unidos. Y, por supuesto, eso es lo que esta administración dijo que iba a atacar".

Cleveland dijo que ha visto los peores impactos de la inmigración durante más de dos décadas mientras trabajaba con la Patrulla Fronteriza en Arizona, Nuevo México y, más recientemente, en el Condado de Terrell. Los cuatro años anteriores fueron los más activos de su carrera, añadió.

La frontera puede ser un lugar "triste", dijo. Ha detenido a criminales violentos y a personas traficadas por los cárteles. Una semana antes de la visita de KXAN, respondió a una llamada sobre un hombre muerto encontrado en el desierto. Era un migrante que había sucumbido a la exposición después de aparentemente quedarse sin comida y recurrir a comer hojas y bayas.

"Desde que soy alguacil en los (últimos) tres años, hemos tenido un total de 31 extranjeros ilegales fallecidos", dijo Cleveland. "El año antes de que asumiera el cargo de alguacil, tenían 12... Si descubrimos a alguien y recuperamos los restos y no hay identificación y no hay nadie que pregunte por ese individuo, entonces terminaremos enterrándolo en una tumba de indigente".

Aunque los cruces fronterizos han disminuido drásticamente desde que Trump reasumió el cargo, Cleveland todavía desconfía de un posible aumento de migrantes no autorizados en la zona. Dijo que su agencia no ha tenido incautaciones de drogas ni arrestos relacionados en cinco años, pero que eso podría cambiar.

"Anticipé que empezaríamos a ver más actividad por aquí", dijo, sugiriendo que la aplicación de la ley en las zonas urbanas y otras secciones de la frontera podría forzar más cruces a lo largo del tranquilo tramo de 54 millas del Condado de Terrell. "No veo a los cárteles simplemente levantando los brazos y diciendo: 'OK, nos rendimos. Nos vamos a ir. No vamos a pasar gente ni drogas peligrosas'".

En un afloramiento rocoso con vistas al delgado y sinuoso Río Grande, Cleveland dijo que estaba ansioso por renovar la asociación de su agencia con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, comúnmente llamado acuerdo 287(g), que permite a las fuerzas del orden no federales, como los ayudantes del alguacil, asumir algunas de las funciones del ICE. Los oficiales locales con autoridad 287(g) pueden interrogar a los migrantes, emitir órdenes judiciales o arrestarlos por violaciones de la ley de inmigración, dependiendo de su formación específica.

Los acuerdos 287(g) son un esfuerzo respaldado e impulsado por la administración Trump para expandir esencialmente su ofensiva contra la inmigración desde la frontera sur a las comunidades de todo el país. En su primer día de regreso al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba, "en la máxima medida permitida por la ley", al Secretario de Seguridad Nacional celebrar los acuerdos, que llevan el nombre de un código legal de los Estados Unidos creado por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como Cleveland, y muchos otros alguaciles en Texas, aplauden el programa y dicen que es necesario para proteger al público. Mientras tanto, los críticos lo han denunciado como un esfuerzo costoso que no hará que la gente esté más segura, podría conducir a violaciones de los derechos constitucionales y obstaculizar la capacidad de las fuerzas del orden para trabajar con las comunidades de inmigrantes.

Desde que Trump asumió el cargo, el número de acuerdos 287(g) se ha disparado en todo el país, mucho más allá de la frontera sur.

'Lo que quieren nuestros ciudadanos'

A finales de abril, había más de 450 acuerdos firmados con las fuerzas del orden estatales y locales en todo el país, más de 320 firmados este año. Ahora hay acuerdos en Minnesota, Idaho, Pensilvania, Nebraska, Wyoming y muchos más estados.

Una de las razones detrás del aumento de los acuerdos: algunos estados han creado leyes que los exigen. En 2022, Florida aprobó una ley que exige que las agencias que operan cárceles firmen acuerdos 287(g). Florida lidera actualmente el país con más de 200 acuerdos, el 75% de ellos firmados este año, según el ICE. El año pasado, Georgia aprobó una legislación que impulsaba a las fuerzas del orden locales a buscar acuerdos federales, incluido el 287(g).

A medida que el número de acuerdos se ha disparado, también lo han hecho los tipos de entidades de aplicación de la ley que se involucran, con departamentos de policía de la ciudad y agencias estatales también inscribiéndose. En años anteriores, los acuerdos eran utilizados casi exclusivamente por las oficinas de los alguaciles, que operan las cárceles. Este año, la Oficina del Fiscal General de Texas firmó un acuerdo, al igual que la Oficina de Narcóticos de Oklahoma, el Departamento de Servicios Financieros de Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Texas tiene la segunda mayor cantidad de acuerdos de cualquier estado, con 71 firmados y 10 pendientes, a finales de abril. La mayoría de los acuerdos de Texas se firmaron o renovaron desde que Trump reasumió el cargo en enero, y ninguno se firmó durante la administración Biden, según los datos del ICE. Texas está ahora a punto de aprobar su propia legislación para exigir acuerdos 287(g). El Proyecto de Ley 8 del Senado, del Senador Charles Schwertner, Republicano de Georgetown, obligaría a las oficinas de los alguaciles a inscribirse si la población de su condado supera las 100,000 personas.

En una entrevista con KXAN, Schwertner dijo que la victoria de Trump en noviembre lo impulsó a presentar el proyecto de ley. Es hora de que Texas adopte una "postura audaz" en el manejo de la inmigración, dijo.

Los esfuerzos estatales de 287(g) también cuentan con el respaldo del poder ejecutivo de Texas. En enero, el Gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva que ordenaba a "todas las agencias estatales apropiadas" ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes de inmigración.

"En mi opinión, es una obligación de la policía local hacer cumplir las leyes de inmigración y detener a los delincuentes extranjeros", dijo Schwertner. "Eso es lo que quieren nuestros ciudadanos. Eso es lo necesario para... hacer que Texas sea seguro y nuestra comunidad segura, y es absolutamente vital que identifiquemos, detengamos, procesemos y deportemos a los delincuentes extranjeros que se encuentran ilegalmente en este país".

Los oficiales inscritos en el programa viajan para una capacitación de varias semanas, y el ICE instala una computadora en su oficina para acceder a información federal.

John Fabbricatore, ex director de la oficina de campo del ICE en Colorado y capacitador de 287(g), dijo que la capacitación podría durar aproximadamente cuatro semanas. Hay un impulso para expandir el 287(g) porque el ICE necesita más mano de obra, dijo.

"Definitivamente ayuda a, ya sabes, poder identificar a las personas en la cárcel que pueden estar presentes ilegalmente, que estaban ilegalmente en los Estados Unidos", dijo Fabbricatore. "Es una buena oportunidad para... que la policía se asocie con el ICE y garantice un proceso más fluido para poner a aquellos que son deportables de los Estados Unidos bajo la custodia del ICE".

En una audiencia del Comité de Asuntos Estatales del Senado a mediados de marzo sobre el proyecto de ley de Schwertner en esta sesión legislativa, varios alguaciles se hicieron eco de la postura pro-287(g) de Fabbricatore, incluido el Alguacil del Condado de Tarrant, Bill Waybourn.

'Mandatos no financiados'

El departamento de Waybourn ha tenido un acuerdo de cárcel 287(g) desde 2017, cuando asumió el cargo.

Los condados de Texas ya están obligados a compartir información con el ICE y cooperar en las detenciones del ICE, debido a una ley de 2017 que prohibió las llamadas ciudades santuario, señaló Waybourn. Las ciudades santuario restringen la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.

Los agentes del ICE ya están presentes y presentando detenciones sobre personas en las cárceles de los principales condados. Los oficiales de la cárcel 287(g) "hacen que nuestra comunidad sea más segura" al agregar una capa de supervisión, dijo Waybourn.

"Pone otro par de ojos en las cosas para asegurarse de que las personas no se escapen por las grietas", dijo.

El Alguacil del Condado Chambers, Brian Hawthorne, quien se desempeña como presidente legislativo de la Asociación de Alguaciles de Texas, también testificó a favor del proyecto de ley de Schwertner. Hawthorne reconoció que algunos alguaciles en su asociación no estaban a favor de hacer que las asociaciones fueran obligatorias.

Hawthorne dijo que estaba preocupado por los "mandatos no financiados" y dijo que "los gastos de ese programa deberían ser compensados, ya sea que sean cien mil o hasta cinco millones, si vamos a exigirle al alguacil que lo haga".

El ICE dijo que paga la capacitación en sí, pero los alguaciles en la audiencia señalaron otros costos asociados con la capacitación que no están cubiertos.

Hawthorne dijo a los legisladores que su condado paga "$10,000 por carcelero que tiene la certificación 287(g)", mientras que el Alguacil del Condado Calhoun, Bobbie Vickery, dijo que el programa "podría generar una tensión monetaria muy fuerte en nuestros presupuestos cada año".

El proyecto de ley de Schwertner proporciona subvenciones para sufragar el costo de los condados de menos de 1 millón de personas.

Actualmente, 37 de los 254 condados de Texas tienen poblaciones en los cientos de miles que serían elegibles para tal financiación. Las subvenciones no se aplicarían a los siete condados más grandes del estado, donde vive aproximadamente la mitad de todos los tejanos: Condados Harris, Dallas, Tarrant, Bexar, Travis, Collin y Denton.

El proyecto de ley de Schwertner no especifica cuál de los tres tipos de acuerdos 287(g) se requeriría que celebrara un condado.

Como parte del proyecto de ley, los legisladores están considerando si los condados que reciben subvenciones tendrían que presentar informes de gastos anuales al Contralor y la Oficina del Fiscal General. Si los alguaciles no cumplen con la ley, el fiscal general podría llevarlos al tribunal de distrito.

Hawthorne dijo que su asociación se oponía a papeleo adicional además de los informes de detención de inmigración que las cárceles ya envían a la Comisión de Normas Carcelarias de Texas.

La nota fiscal del proyecto de ley estimó un impacto de $1.4 millones hasta agosto de 2027. Ese costo incluye a varios empleados del Contralor que serían contratados para manejar los fondos de la subvención, pero no incluye una cantidad "adicional indeterminada" para las subvenciones que dependería de una asignación legislativa, afirma la nota fiscal.

En su entrevista con KXAN, Schwertner dijo que su medida protegería a las comunidades de Texas. No debería haber casos de "delincuentes extranjeros" que no sean detenidos por el ICE y sean liberados bajo fianza para "cometer más delitos", dijo.

"Eso no es aceptable para los tejanos, y no lo voy a tolerar. Y este proyecto de ley ayuda en esta área", dijo Schwertner.

Tanto Trump como Abbott se han hecho eco de sentimientos similares.

Para apoyar la misión fronteriza de Trump, Abbott dijo en su discurso sobre el Estado del Estado de febrero: "He ordenado a las agencias estatales de Texas que ayuden a la Administración Trump a arrestar, encarcelar y deportar a los inmigrantes ilegales".

Pero, si bien los líderes estatales y nacionales a menudo relacionan públicamente la inmigración y los actos delictivos de alto perfil, las tendencias delictivas más completas sugieren lo contrario. Un informe de 2024 financiado por el Instituto Nacional de Justicia que examinó datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas encontró que los inmigrantes indocumentados son arrestados a menos de la mitad de la tasa de los ciudadanos estadounidenses nativos por delitos violentos y de drogas. El NIJ está bajo el Departamento de Justicia y proporciona "investigación, evaluación y tecnología" sobre temas de justicia penal.

Algunos alguaciles no han visto la necesidad inmediata de participar en el programa. El Alguacil del Condado Burnet, Calvin Boyd, dijo que el acuerdo de su agencia está inactivo, y le dijo a KXAN que "no estábamos obteniendo mucho de él", citando el "costo, el tiempo de capacitación y los recursos" como desafíos. El Condado Williamson, que está en el distrito de Schwertner, suspendió su acuerdo 287(g) después de 2021.

El Alguacil del Condado Williamson, Matthew Lindemann, quien asumió el cargo después de que se rescindió ese acuerdo, dijo a KXAN que su principal preocupación es el costo de enviar a un agente a la costa este para un mes de capacitación.

"¿Quién los reemplaza? ¿Quién está haciendo su trabajo aquí en casa?", dijo Lindemann. "Estamos pagando a otra persona horas extras para que los reemplace, y esa era la preocupación que tendría: las cargas que recaerían sobre el condado".

Tanto Lindemann como Schwertner confirman que han estado discutiendo la posibilidad de que el condado celebre un nuevo acuerdo con el ICE en el futuro.

Fabbricatore dijo que hay una propuesta para reducir la duración de la capacitación a un par de semanas, y Waybourn dijo que escuchó que el ICE estaba trabajando para condensarla en una semana. Otros en la audiencia también notaron planes federales en proceso para regionalizar la capacitación.

Pero no todos los que hablaron ante los legisladores ese día apoyaron tanto el programa como la legislación que lo expandiría en Texas.

'Demostrado una y otra vez'

Krystal Gómez, del Consejo de Leyes de Inmigración de Texas, un grupo no partidista que coordina el trabajo de políticas y brinda recursos a los proveedores de servicios legales de inmigración, dijo que los acuerdos fomentarían la desconfianza en la policía.

"(Eso) puede llevar a una disminución de la denuncia de delitos, una reducción de la cooperación de los testigos y, en última instancia, hacer que nuestras comunidades sean menos seguras para todos", dijo Gómez al comité.

Trudy Taylor Smith, del Fondo de Defensa de los Niños, que aboga en nombre de los jóvenes y la justicia racial, expresó su preocupación por los niños y los miembros de la familia que han sido "miembros contribuyentes de sus comunidades locales" y que están encerrados en "condiciones inhumanas".

Sarah Cruz, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, o ACLU, de Texas, se hizo eco de las preocupaciones sobre si los costos para los condados de más de 1 millón equivaldrían a un mandato costoso y no financiado, junto con otros problemas potenciales.

"Los acuerdos 287(g) han demostrado una y otra vez que no mejoran la seguridad pública y, en cambio, la socavan", dijo Cruz.

En el estudio de la ACLU de 2022, "Licencia para el Abuso", el grupo instó a la administración Biden a abandonar el 287(g) como una "reliquia rota y racista del pasado y una medida de seguridad pública no probada, dudosa y, a menudo, contraproducente".

Según la ACLU, el programa 287(g) ha provocado discriminación racial, abusos de los derechos civiles y la "erosión de la confianza de la comunidad".

Schwertner dijo que esperaba que las comunidades no quisieran que "delincuentes extranjeros anduvieran causando violencia". Los acuerdos marcan la diferencia en la identificación de esas personas, su detención y "asegurarse de que rindan cuentas".

Además de sus otras preocupaciones, la ACLU descubrió que el programa carecía de transparencia.

"No sabemos cuántas personas han sido arrestadas y deportadas como resultado del programa 287(g). Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de 2021 señaló que 'el ICE admitió que ni siquiera rastrea y no puede determinar cuántas deportaciones y detenciones han resultado del programa', lo que hace que la verdadera huella del programa sea imposible de conocer", según la ACLU.

Ese informe de la GAO proporciona cierta información sobre el costo del programa a nivel federal. De 2015 a 2020, el programa 287(g) del ICE gastó un promedio de $23.7 millones por año, incluidos aproximadamente $3.5 millones por año en soporte tecnológico.

En busca de información más profunda sobre el impacto del programa 287(g), KXAN encontró poco que mostrara cómo se ha utilizado el programa en los últimos cinco años. El ICE comparte información en su sitio web que muestra las jurisdicciones con contratos y enlaces a los contratos. La agencia también ha estado publicando informes mensuales de encuentros con información sobre ciertos arrestos en todo el país, pero no muestran el alcance completo del trabajo realizado bajo el 287(g). Por ejemplo, el informe de encuentros de marzo de 2025 detalla solo un arresto en Texas: un ciudadano mexicano arrestado por un cargo de agresión sexual a un niño por la Oficina del Alguacil del Condado Montgomery.

'Nada receptivo'

KXAN envió solicitudes a más de una docena de agencias de aplicación de la ley en Texas que tenían acuerdos antes de la nueva administración Trump. Pedimos detalles del trabajo realizado bajo el 287(g), incluido el número de oficiales involucrados, arrestos, costos y quejas. También solicitamos esa información al ICE.

A nivel federal, la mayoría de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información de KXAN de marzo y abril permanecen pendientes sin un plazo de finalización.

La mayoría de las agencias de aplicación de la ley de Texas solo proporcionaron el número de oficiales capacitados para el trabajo 287(g).

"No mantenemos un registro o registro del trabajo asociado con el 287(g)", dijo la Oficina del Alguacil del Condado Chambers.

El Condado Galveston dijo que tiene una persona trabajando bajo el acuerdo 287(g), y "nada receptivo al resto de esta solicitud".

Varias otras agencias proporcionaron respuestas similares.

Poco después de que enviamos la mayoría de nuestras solicitudes a los condados, un portavoz del ICE le pidió a KXAN por correo electrónico que dejara de enviar solicitudes a las jurisdicciones locales y que dirigiera las consultas al ICE en su lugar. Los acuerdos dirigen a la policía local a cooperar con el ICE en las solicitudes de los medios, pero no está claro que todos lo hicieron.

Sin embargo, en un caso, la Oficina del Alguacil del Condado Smith proporcionó información que revelaba cómo funciona su programa 287(g), incluida una copia de sus procedimientos operativos estándar y una lista de detenidos con los nombres y nacionalidades de más de 100 personas encarceladas bajo el programa 287(g) en el año fiscal 2019.

Las políticas del Condado de Smith muestran una lista de factores que llevarían a la agencia a remitir a una persona en su cárcel al oficial 287(g). Los factores incluyen, entre muchos otros, si una persona no tiene identificación, tiene dificultades con el inglés o tiene tatuajes con una conexión con un país extranjero.

Algunos expertos, como la ACLU y la académica de derecho constitucional Annie Bright, expresaron una mayor preocupación de que los derechos constitucionales puedan verse infringidos bajo el 287(g).

'Una suposición errónea'

Bright, profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Mary en San Antonio, dijo que los acuerdos plantean una serie de problemas constitucionales.

"Existen preocupaciones muy serias sobre la falta de infraestructura, la falta de espacio, la falta de capacitación para garantizar que cuando alguien es arrestado, detenido, con el riesgo de ser deportado, reciba el debido proceso legal que la Constitución brinda a todos", dijo Bright.

La discriminación racial también podría ser un problema, agregó.

"¿Cómo se identifica a alguien que va a ser detenido por violación de la ley penal?", dijo Bright. "A menudo, el indicador más fácil es su apariencia".

En septiembre de 2022, luego del informe de la ACLU sobre el 287(g) que destacaba la preocupación por la discriminación racial, el director interino del ICE de la administración Biden emitió un comunicado diciendo que la agencia estaba comprometida a hacer que sus operaciones de aplicación de la ley fueran "justas, eficientes y consistentes con un compromiso con la protección de los derechos civiles".

Pero, incluso si una persona no "se parece a lo que pensamos como un inmigrante, eso no significa que será inmune a las consecuencias de un oficial de la ley mal capacitado o equivocado", dijo Bright.

Además, si bien es un delito ingresar al país fuera de una vía legal, calificar a todos los que lo hacen como "delincuentes" es un "uso intencional del término", agregó.

"Hay muchos estudios que demuestran que los inmigrantes en los Estados Unidos cometen delitos a tasas más bajas que los ciudadanos estadounidenses", dijo Bright. "Eso es bastante indiscutible".

Charis Kubrin, profesora de criminología, derecho y sociedad en la Universidad de California Irvine, ha estudiado ese vínculo y escribió sobre él en su libro de 2023 "Inmigración y Delito: Haciendo un balance".

El programa 287(g) es parte de una "devoción" de la aplicación de la ley: un impulso de la autoridad federal de inmigración del gobierno federal al nivel estatal y local, dijo. Otros programas, como Comunidades Seguras, el Programa de Extranjeros Delincuentes y la Ley Laken Riley, también son parte de este esfuerzo.

"La suposición fundamental de la gran mayoría de estas políticas es que la inmigración y el delito van de la mano", dijo Kubrin. "He realizado la investigación yo misma y también he revisado toda la investigación en el campo, y esa es una suposición incorrecta. Esa es una suposición errónea".

Para mejorar la seguridad pública, el objetivo debería ser arrestar a los peores delincuentes, dijo. Dado que ya tenemos la infraestructura para hacer eso, "¿qué estás recogiendo? Mucho ruido".

La represión de la inmigración también, en última instancia, se reduce a los recursos. Más arrestos cuestan más dinero, entonces, preguntó Kubrin, ¿valdrá la pena la inversión?

'No veo que los números se mantengan tan bajos'

El alguacil Cleveland dice que esa inversión vale la pena, incluso si los cruces fronterizos no autorizados se encuentran en mínimos históricos en este momento.

Desde que Trump asumió el cargo, Cleveland dijo que el número de cruces en la frontera sur es más bajo de lo que ha sido en los últimos 25 años. Los datos federales respaldan eso.

Los esfuerzos a nivel estatal también han reforzado a las agencias de aplicación de la ley de los condados fronterizos, como la de Cleveland, con sus esfuerzos de control de la inmigración. Texas ha invertido aproximadamente $11 mil millones en la Operación Lone Star desde 2021, desplegando la Guardia Nacional de Texas y los soldados del DPS en la frontera, según informes de los medios y la oficina de Abbott.

Todas esas iniciativas combinadas han llevado a bajos cruces fronterizos, lo cual es una buena noticia para Cleveland. Pero, reiteró, los cárteles podrían encontrar nuevas formas de traficar personas y drogas en su área.

"No veo que los números se mantengan tan bajos", dijo. "En algún momento, algo va a... cambiar y comenzar a suceder".

Con tantos recursos asociados, incluida una estación de la Patrulla Fronteriza en Sanderson, fácilmente disponibles, Cleveland dijo que aún no ha tenido que recurrir al 287(g) de su condado. Pero está considerando cómo sus agentes podrían reanudar pronto su acuerdo existente basado en la cárcel y posiblemente explorar otros modelos, en caso de que ICE alguna vez llame.

"Es solo tenerlo disponible y listo si hay una necesidad, y preveo que muchas otras jurisdicciones harán lo mismo: tenerlo en su lugar en caso de que haya una necesidad", dijo Cleveland.