Susana Díaz fulmina a toda la oposición en el Consejo Consultivo
La Junta aprobó ayer sorpresivamente y sin consenso previo la renovación de los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía. El Consejo de Gobierno tiene la potestad para nombrar directamente a sus componentes, sin que la medida pase por el Parlamento a diferencia de otros órgano de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual o la presidencia y el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Hasta ahora se había cumplido la norma no escrita del acuerdo previo entre los partidos políticos para respetar la representación parlamentaria. La presidenta andaluza ha cambiado las reglas de juego. El PSOE se garantiza al menos en los próximos cinco años el control absoluto de este órgano que tiene entre otros cometidos pronunciarse sobre la legalidad de los anteproyectos de ley que elabora la Junta y sobre todas las cuestiones que puedan afectar al marco constitucional. Sin ir más lejos, una de las cuestiones espinosas que ha pasado esta legislatura por el Consejo Consultivo es la limitación de mandatos que vienen reclamando –sin éxito– Partido Popular y Ciudadanos.
La Comisión Permanente del Consejo Consultivo está formada por siete miembros. El presidente, Juan Cano Bueso, que lleva en el órgano desde el año 2002 y que no está afectado por la limitación de mandatos, y otros seis consejeros. Los únicos que repiten son el ex presidente de la Junta Rafael Escuredo y la ex consejera de Justicia Begoña Álvarez. Entre las incorporaciones destaca la de la ex consejera socialista y ex portavoz de la Junta de Andalucía María del Mar Moreno. El Consejo de Gobierno también nombró ayer a Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, una persona muy cercana al presidente de la institución y que hace tiempo que venía sonando en las quinielas; además de a María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén; y a Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva.
Hasta este momento existía un equilibrio democrático que ha saltado por los aires. El PSOE tenía el control del órgano, pero tenía que pelear los acuerdos. De los siete miembros en total –contando el presidente– cuatro entraban dentro de la cuota del Partido Socialista, mientras que el Partido Popular –según el acuerdo al que se llegó en 2011– se reservaba dos consejeros –Francisco Gutiérrez y José Antonio Sánchez Galiana– e Izquierda Unida uno: Eduardo Román Vaca. La Junta tiene a partir de ahora manos libres. La única representación será por tanto la del partido que sustenta el Gobierno. No ocurre lo mismo en todas las comunidades. En algunas el Ejecutivo autonómico tiene la potestad exclusiva para nombrar a los miembros, pero en otras los acuerdos tienen que pasar por los parlamentos autonómicos.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los miembros estaban pendientes de renovación. Sólo Rafael Escuredo, el último en tomar posesión del cargo, no había agotado su primer mandato de cinco años. El Consejo Consultivo impone una limitación de dos mandatos que curiosamente no afecta a su presidente, Juan Cano Bueso, en el órgano desde hace tres lustros y que tiene a partir de ahora la oportunidad de llegar –al menos– a los veinte años en la institución. Además de la ex consejera socialista Begoña Álvarez, el otro consejero que podía repetir por estar en su primer mandato era Francisco Gutiérrez, que entró en el órgano a propuesta del Partido Popular. Su cese es por tanto excepcional. Francisco Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, ha sido uno de los consejeros más incómodos para el Partido Socialista debido, entre otras cosas, a los votos particulares que ha acompañado a anteproyectos y a otras documentos normativos elaborados por el Consejo de Gobierno. La incomodidad del Partido Socialista viene además de lejos. Este ex consejero ha pasado previamente por el Consejo Audiovisual de Andalucía y por el Defensor del Pueblo.
El otro miembro a propuesta del Partido Popular, José Antonio Sánchez Galiana, pidió el miércoles de la semana pasada dejar la institución para incorporarse a la Universidad. Un hueco que se sumó al de María Luisa Balaguer, consejera a propuesta del Partido Socialista y que el pasado mes de marzo fue elegida como magistrada del Tribunal Constitucional dentro de la cuota del Partido Socialista.
El portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, aseguró que el Ejecutivo autonómico ha seguido los criterios de «solvencia», «experiencia» y que sean personas «respetadas por toda la comunidad jurídica». Dijo asimismo desconocer si se han entablado negociaciones previas con Ciudadanos –socio de investidura del PSOE– para acometer los cambios. La formación que dirige Juan Marín en Andalucía se viene quejando reiteradamente de que no se cumple la representatividad de la Cámara en los órganos de extracción parlamentaria puesto que ni Ciudadanos ni Podemos están presentes en el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual o el Defensor del Pueblo. Todos estos órganos han cumplido los mandatos y están pendientes de una renovación a la que le vienen poniendo fechas el PSOE y la Junta desde el verano del año pasado. Ciudadanos señaló a través de un comunicado que respetan la decisión pero que «hubieran actuado de forma muy distinta a la llevada a cabo por el Gobierno andaluz». Esta formación lamentó que «no haya existido ningún diálogo y el Gobierno andaluz no haya informado previamente al resto de fuerzas políticas sobre la renovación de los miembros de este órgano». Con todo, calificó de «rocambolesco» que otras fuerzas políticas «quieran incluir en el Consultivo a personas de su órbita política».
La Comisión Permanente es la que sustancia los principales acuerdos. No obstante, la Junta también nombró ayer a consejeros electivos con dedicación no exclusiva. Entre ellos, José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez, ex decano del Colegio de Abogados Cádiz; Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CC OO; y Fernando Yélamos, abogado que ha asesorado a UGT.