La nueva oficina fiscal nace casi sin funcionarios e integración digital
Llega con retraso y sin las dotaciones de medios que requeriría para su correcto funcionamiento. Ese podría ser el resumen de la nueva oficina fiscal que en la mañana de este lunes se ha presentado en los tribunales sevillanos en un acto presidido por la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, la fiscal superior andaluza, Ana Tarrego y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.
Ha sido un acto que ha contado con la presencia de la mayoría de los representantes del Ministerio Público en Sevilla entre los que se encontraba Emilio de Llera, exconsejero de Justicia y uno de los promotores de este proyecto. Hoy acudía como un fiscal más ya que desde que cesó en su cargo político ocupa un despacho en el edificio judicial Noga donde se encarga de las ejecutorias.
Pero ¿qué es la oficina fiscal? Sobre el papel se trata de una reordenación de los medios humanos en la Fiscalía que permitirá optimizar los recursos del Ministerio Público y la atención a la ciudadanía ya que incluirá incluso personal de atención o información a los ciudadanos. El proyecto supondrá una reordenación del trabajo con criterios de más eficacia y de racionalización de los recursos. Estará formada por equipos de trabajo al frente de cada uno de los cuales habrá un gestor. Con ello intentarán también agilizar los plazos.
Un proyecto que echa a andar en Sevilla después de que hace unas semanas lo hiciera en Dos Hermanas y que se pretender extrapolar a otras fiscalías como las de Córdoba y otras provincias. Y que, en cualquier caso llega muy tarde ya que fue en 2011 cuando se comenzaron los trabajos del proyecto pero no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a andar. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar lo ha calificado como «un salto cualitativo» en la Administración de Justicia y ha agradecido el papel de los operadores judiciales en este proyecto que, según ha admitido, «tendrá que seguir avanzando» ya que se trata de la oficina fiscal más grande de España de entre las puestas en marcha.
De hecho, la filosofía del proyecto, tendente a optimizar los recursos e incluso a aligerar la lenta maquinaria judicial se topa con un escollo importante: la escasez de los recursos, sobre todo de personal. Según los datos hechos públicos por la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en Sevilla capital hay actualmente una plantilla de 73 fiscales que son atendidos por 66 funcionarios (había 64 más dos de refuerzo que se han incorporado recientemente).
Según ha admitido la propia Segarra en los últimos tiempos «ha habido un importante incremento del número de fiscales que no se ha correspondido con el de los funcionarios». De hecho los datos que maneja la fiscal jefe suponen que actualmente hay 0,64 funcionarios por cada representante del Ministerio Público. Según ha especificado Segarra, desde el año 2004 no ha habido ninguna ampliación de plantilla en el número de funcionarios mientras que hay 12 fiscales más. Lo que provoca que a veces los fiscales tengan que hacerse hasta sus propias fotocopias. Y esos déficits hacen que el marco de gestión sea «poco estimulante».
En esta línea la fiscal superior andaluza, Ana Tarrego, ha reivindicado una mayor dotación de plantilla. «No es lógico que esa situación se mantenga», ha dicho admitiendo que se están dando los primeros pasos con la reordenación de RPT. «Se puede quedar en una mera anécdota si no avanzamos y mejoramos la plantilla», ha recalcado insistiendo en que, hasta ahora, no ha habido ninguna administración seria que se ponga a estudiar la carga de trabajo.
Además Segarra ha explicado que el nuevo sistema de trabajo pretende acabar con el modelo actual que consideran «obsoleto». De hecho el otro inconveniente con el que se topa la nueva oficina fiscal es la falta de integración con el sistema digital del Ministerio de Justicia. Hoy por hoy en las fiscalías siguen sin poder acceder al sistema informático de los juzgados, algo que dificulta aún más el trabajo. En este sentido Segarra también ha recalcado que por ahora «no están integradas» las aplicaciones judiciales y fiscales, lo que conlleva a veces tener que hacer trabajo doble. «La oficina judicial no nace con el personal óptimo ni con la integración de aplicaciones judiciales y fiscales», ha dicho la fiscal jefe.
Por su parte la fiscal superior andaluza también ha advertido que «tenemos los mimbres estructurales para poder hacer frente a la digitalización de la Justicia».
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