La antigua cúpula de Pescanova será juzgada por ocho delitos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado en el conocido como «caso Pescanova» y considera que hay indicios para juzgar al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior. En el auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata considera que deben ser juzgadas por estos hechos un total de 19 personas como investigadas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova SA. La resolución, que archiva la causa para César Mata, da ahora a las partes un plazo de treinta días para pedir la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento. El magistrado señala que la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, holding con más de cuarenta sociedades participadas, motivó que en lugar de presentar la situación real, decidiera alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la CNMV. «Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova –constituida prácticamente por deuda con entidades de crédito- en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova SA como el Grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios», afirma De la Mata. Relata el juez todas las prácticas contables y de financiación irregulares desplegadas por los investigados para conseguir financiación por importes millonarios, si bien esa creciente deuda financiera no se consignaba luego en los balances del Grupo. La financiación externa fue aumentando el nivel de endeudamiento hasta límites de riesgo muy elevados y para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa algunos responsables de Pescanova «decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares aún a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a su inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador». Falseamiento de cuentas El titular del Juzgado Central 5 de Instrucción desgrana en el auto cada uno de los delitos por los que se investigan los hechos. Respecto al falseamiento de cuentas anuales explica que Los hechos indiciariamente acreditados apuntan a una presunta falsedad de las cuentas anuales de la entidad PESCANOVA SA, al menos de 2009-2011 (dinámica que continuaba con las cuentas preparadas para 2012), merced a los cuales sus administradores -en responsabilidad compartida con los auditores- habrían aprobado unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que las mismas no mostraban la verdadera situación económica. Ninguna de esas cuentas anuales concluye de la Mata reflejaba la imagen fiel de Pescanova S.A. Al actuar así, dice el magistrado, proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, como ponen de manifiesto algunos de los querellantes, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Esta actuación provocó el consiguiente perjuicio para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada. En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, afirma que en el espacio de tiempo indicado (2009-2012) en que se produjo el flujo de información presuntamente falseada se produjo la operación de aumento de capital de PESCANOVA SA que tuvo lugar en los meses de julio y agosto de 2012 mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.740,80 €, según las condiciones recogidas en el «Documento de Registro de Acciones» y en la «Nota sobre Acciones» inscritos en los registros de la CNMV el 26.06.2012 y el 10.07.2012 respectivamente. El folleto emitido para los inversores, según el juez, no reflejaba ni la información de solvencia publicitada y divulgada ni la situación económica financiera real de la sociedad. «De lo actuado se desprenden indicios de que no solo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último, dado que tal y como obra en autos, se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos». En el punto relativo al delito de estafa, señala el juez que En este caso, muchos bancos y entidades financieras accedieron en ese período a financiar a PESCANOVA SA y su grupo de sociedades plenamente confiados en su solvencia reflejada en la información económica consignada en sus cuentas anuales y demás documentos publicados, así como en la realidad de las operaciones comerciales ficticias en las que se generaban las facturas y los efectos mercantiles que les presentaban para su descuento y cuyos datos se hacían constar en las remesas que se les remitían periódicamente, operativa controlada desde Pescanova SA por sus altos ejecutivos con el auxilio de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera. Las personas anteriormente indicadas se concertaron para utilizar una red de sociedades instrumentales en España, sin vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante, para emitir facturas falsas que posteriormente eran presentadas al descuento en entidades financieras, previa contrapartida de dejar en cuenta depósitos en efectivo. Pieza separada para la familia de Sousa En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero. De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por un total de 3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y que permanceron ocultas en todos momento a la hacienda pública española.