El Gobierno refuerza la prisión permanente con otros cinco supuestos
El Gobierno de Rajoy quiere llevar la iniciativa en el debate sobre la prisión permanente revisable, justo cuando la oposición en bloque se ha unido en el Congreso para intentar derogar una reforma que está en vigor desde 2015. En esta ocasión, La Moncloa no se ha acomplejado ante la ofensiva parlamentaria del resto de los grupos, sino que ha optado por subrayar una de las señas de identidad del PP. Así, el Consejo de Ministros decidió ayer reforzar la medida, o «perfeccionarla», como dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con otros cinco delitos de extrema gravedad que se suman a los ocho supuestos ya existentes sobre los que se aplica esta condena.
El Gobierno se siente respaldado por distintas instancias judiciales, pero sobre todo por los ciudadanos. En la encuesta que publicó ABC a mediados de enero, ocho de cada diez españoles se declaran partidarios de la prisión permanente revisable. Curiosamente, los votantes del PSOE son los más favorables a esa medida, a pesar de que su partido se opone con todas sus fuerzas. Los electores de Ciudadanos también lo respaldan masivamente, aunque el partido de Rivera se abstuvo en la última votación del Congreso, entre fuertes críticas al Gobierno.
Los populares, necesitados de reafirmar su espacio político ante la subida de Ciudadanos en las encuestas, han decidido dar un paso al frente, entrar de lleno en el debate y no achantarse con una medida que en la calle se aplaude y se pide.
El Consejo de Ministros ha cumplido el primer trámite hacia la ampliación de la prisión permanente revisable, con el anteproyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El camino acaba de empezar. Será largo, y el Gobierno no tiene garantizada en absoluto la mayoría absoluta necesaria. De entrada, está solo. Pero a Rajoy y a los suyos les sirve para situar en el foco un debate que les interesa, y para que todos los grupos se retraten ante la sociedad.
Si la reforma se aprueba, la pena de prisión permanente revisable se ampliará a estos tipos delictivos: asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle, y muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
En la actualidad, esta pena solo está prevista en estos ocho supuestos: asesinato de un menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, asesinato cometido por miembro de grupo u organización criminal, asesinato múltiple, asesinato terrorista, homicidio del Jefe de Estado o Heredero, homicidio de jefes de Estado extranjeros que se hallen en España y genocidio o crímenes de lesa humanidad.
El PP, en solitario
El PP aprobó en solitario esta reforma del Código Penal en enero de 2015. Tres años después, se está tramitando en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley del PNV para derogar esa modificación. En octubre, el Pleno dio luz verde a su tramitación con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones. A favor de la derogación se pronunciaron, además de los autores, el PSOE y Unidos Podemos, y otras formaciones minoritarias como Compromís o Bildu. Los nacionalistas catalanes no participaron por la situación que había en Cataluña, pero en otras votaciones dejaron claro su «no». Ciudadanos se decantó por la abstención, tras criticar con dureza la ley del PP.
El Gobierno confía en que la presión social tumbe el intento de derogar la prisión permanente revisable, y defiende su plena constitucionalidad. La oposición presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional hace dos años y medio, y sigue pendiente de resolución.