El TC anula el acuerdo de la Mesa que permitió tramitar la ley del 1-O

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el acuerdo de la mesa del Parlament que permitió la tramitación y aprobación de la ley del referéndum, que no admitió la solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), por lo que concluye que se vulneraron los derechos de los diputados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a un recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario del PSC ante el TC por las votaciones del pleno del pasado 6 de septiembre en el Parlament sobre la ley del referéndum presentada por JxSí y la CUP.

Así, el alto tribunal destaca que la actuación de la mesa del Parlament y de sus miembros se llevó a cabo a pesar de las advertencias del Secretario General del Parlament y por el Letrado Mayor, y de las protestas de Cs, PP y PSC, que se opusieron a la admisión a trámite y a la alteración del orden del día para incluirla en el pleno.

El texto recoge que la preservación del pluralismo político en los procedimientos legislativos es inseparable del respeto a la posición y derechos de las minorías, y ha recordado que la ley del referéndum se aprobó "al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados en el reglamento del Parlament y a través de una vía inapropiada".

Asimismo, señala que la mayoría se sirvió para improvisar y articular un cauce que dejó "a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados", y recuerda que la solicitud de dictamen al CGE es, para los grupos y diputados, una garantía del propio Estatut de Cataluña en el procedimiento legislativo.

"La posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser suprimida por la Cámara sin merma de la integridad del propio procedimiento legislativo y a la vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta facultad que la ley les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional", y ha reiterado que el Parlament debe asegurar el ejercicio de los derechos y facultades de los parlamentarios, así como la participación no discriminatoria de sus representantes.