Baleares oferta 4.658 plazas en las oposiciones de Sanidad sin haber aprobado aún el decreto del catalán
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Este anuncio ha sido hecho sin que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol haya aprobado aún el decreto que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros y auxiliares que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. La nueva norma autonómica permitirá, finalmente, que se pueda presentar a oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística, que deberá conseguir en un plazo de dos años una vez obtenida la plaza.
«Es importante recordar que se admitirán todas las solicitudes de participación en las categorías asistenciales de las ofertas de ocupación pública aunque no se acredite ningún nivel de capacitación lingüística», se señala en la convocatoria hecha pública ayer.
Trámites pendientes
Cabe recordar que el controvertido decreto lingüístico fue aprobado de forma inicial en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 9 de febrero. En estos momentos, el texto se encuentra ya en el Consejo Consultivo, que antes del verano emitirá un dictamen —no vinculante— sobre el contenido del decreto. A continuación, el texto será aprobado de manera definitiva por el Gobierno balear, que cuenta con el apoyo directo de MÉS y el aval parlamentario de Podemos.
El primer borrador del decreto, que finalmente fue desechado por Armengol, establecía que la lengua catalana sería un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos que se presentasen a oposiciones. Además, los auxiliares deberían acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberían tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública.
Finalmente, en el texto que dentro de unos meses será aprobado por el Govern se determina que los médicos y enfermeros sólo deberán tener un nivel básico de catalán. El texto definitivo del decreto también señala que si transcurridos dos años desde la obtención de la plaza un médico no pudiera acreditar el nivel B1, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.
Sigue la polémica
En cualquier caso, la polémica con respecto a los requisitos lingüísticos en Baleares no cesa, incluso antes de que se haya aprobado el futuro decreto. En la actualidad rige lo establecido por la Ley de Función Pública, que prevé diversas excepciones en el sector sanitario para los cargos directivos. Así, a día de hoy se puede optar a ser jefe de servicio en los distintos hospitales isleños sin tener el requisito del catalán. No obstante, dicha excepción no se aplica, en cambio, a los médicos que no optan a jefaturas.
En ese contexto, «Diario de Mallorca» ha publicado este miércoles que un neurocirujano había sido excluido inicialmente de un contrato interino en el Hospital de Son Espases, en Palma, por supuestamente no cumplir el requisito idiomático exigido. Sin embargo, dicho profesional sí tiene el preceptivo certificado, el B2, y es el único candidato a un puesto en el que además hay carencia de profesionales. Fuentes oficiales del Servicio de Salud han confirmado a ABC que este neurocirujano será contratado finalmente, circunstancia que se habría producido aunque no hubiera acreditado el catalán.
Por lo demás, en estos últimos meses los dos principales partidos de la oposición, el PP y Cs, han venido pidiendo de manera reiterada a Armengol que desista de aprobar el decreto del catalán. Al mismo tiempo, decenas de médicos y de enfermeros han anunciado su propósito de irse de Baleares por la anunciada exigencia lingüística. Además, en octubre del pasado año nació en Menorca la plataforma cívica Mos Movem (En Marcha), que empezó a movilizarse bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas». Diversas asociaciones de pacientes o entidades como el Círculo Balear —hoy Actúa Baleares— también han expresado idéntico rechazo a la futura norma autonómica.
Por lo que respecta a las movilizaciones que han tenido lugar desde finales del pasado año, la más reciente tuvo lugar el pasado 22 de febrero, ante el Hospital de Can Misses, en Ibiza. Ese día, más de 100 profesionales sanitarios mostraron su rechazo al mencionado decreto. Previamente, el 18 de febrero, algo más de 2.500 personas participaron en Palma en una manifestación en esa misma línea, convocada por Mos Movem. La primera movilización cívica de estas características había tenido lugar en diciembre en Menorca, con la asistencia de unas 2.000 personas.