La Plataforma de Atención Temprana pide el fin de los «abusos» de la Administración
«Ya está bien de abusos. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es de todos, no de ellos», afirma Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y primer denunciante de lo que calificó como «amaño» en la designación de las 22 plazas de las unidades de valoración de los menores con trastornos, una reclamación que acabó llevando a los tribunales el Sindicato Médico y al que un juzgado ha terminando dando la razón, anulando el procedimiento que llevaba implícitas designaciones a dedo previa adaptación de los currículums de los candidatos.
Desde su nacimiento, la Plataforma de Atención Temprana ha tenido un carácter proteccionista sobre las familias de los menores con trastornos en el desarrollo y a la vez reivindicativo por los atropellos que padece un colectivo muy vulnerable. «Estamos encantados de que la justicia responda a los abusos de la Administración andaluza en salud, educación y asuntos sociales», insistió Guerrero, muy preocupado por la «crítica» situación actual de la atención temprana. Los anunciados recortes en las sesiones mensuales a los menores son una realidad. La Junta de Andalucía aumentó el presupuesto a 28,8 millones en 2018 y aplicó un nuevo modelo que por ahora no reporta resultados sino problemas. «Las previsiones se han cumplido. Incluso ha habido despidos en algunos CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana) y los menores han visto reducidas las sesiones», agregó Guerrero, que teme que la adaptación de los contratos se retrase hasta después del verano.
La Junta ha incrementado el precio por sesión de 18 a 22 euros que reciben los CAIT. La tramitación de la modificación conforme al acuerdo marco conlleva la audiencia de cada una de las entidades, más de 180, además del informe pertinente de la asesoría jurídica y el informe del Consejo Consultivo. La previsión era que pudiera llevarse a cabo en mayo.
Mientras tanto, las familias reclaman un aumento en la partida presupuestaria que permita atender a los 20.000 menores que el Gobierno andaluz contempla dentro del sistema con ocho sesiones de media (en el colectivo TEA aumenta a doce). Como se recordará, PSOE y Cs se negaron a un incremento de 25 millones que habría cubierto todas las necesidades y no sólo 8 millones.
La Junta no reconoce estos recortes porque, según sus cálculos, el número de niños que requieren este tipo de prestación simultánea es menor. Argumentan que han analizado los usuarios de estos servicios en colaboración con distintas organizaciones y que la cifra total ronda los 15.000 menores dentro del sistema. Un informe económico que acompañaba al proyecto de decreto que regula el servicio se especificaba que en 2015 eran 19.803 los menores registrados. Las carencias, no obstante, van más allá. El portavoz de la plataforma denunció la política de la Junta en otras ayudas complementarias al colectivo de menores con trastornos como las subvenciones de transporte, convocatoria que ahora permanece abierta. Según Guerrero, el sistema por «concurrencia competitiva» condena a las familias a una subasta de miserias para optar a cantidades ridículas como 17 euros al mes. «Con este sistema, sólo el que más problemas tiene es el que logra la subvención sin que prime donde viva ni a cuántos kilómetros. El plan es una miseria y los niños terminan sin ir a los CAIT, de ahí los 10.000 menores perdidos a los que siempre hacemos alusión y que la Administración no contempla». El criterio de las subvenciones al transporte es aplicable a las prótesis y a los vehículos adaptados. «En vez de otorgar un derecho al menor se crea una subvención con limitación presupuestarias».
En el escenario actual de recortes y falta de medios para los menores, Guerrero llega a la conclusión de que «no creen en la recuperación de estos niños, están deshumanizando a la Administración». Este «abandono» resulta en sí mismo una contradicción para las familias. «Por un lado, gracias a los avances en medicina le damos vida a pequeños que en otra época no nacerían y, por otro lado, les recortamos sus derechos».