El Popular iba a suspender pagos el día de su intervención
La intervención del Banco Popular estaba prevista por las autoridades europeas para el viernes día 9 de junio de 2017, tras el cierre de las oficinas y de los mercados, para disponer así de tres días para efectuar la correspondiente subasta entre las entidades financieras que estuvieran interesadas en su adquisición. Pero no llegó hasta ese día. Le faltó la confianza de los inversores y depositantes y eso, en banca, se traduce en falta de liquidez.
Según fuentes financieras, el consejo de administración del Banco Popular lanzó un SOS el martes 6 de junio del pasado año diciendo que no era viable su continuidad, mensaje que llegó primero al Banco de España, después al Banco Central Europeo y más tarde, al Mecanismo Único de Resolución. A partir de ese momento se montó el dispositivo para hacer posible que las oficinas abrieran al día siguiente miércoles con la garantía de mantener la operatividad de las mismas. Y es que Popular había asegurado horas antes de que no tenía dinero para abrir sus oficinas. Santander, que la medianoche anterior había recibido el visto bueno europeo a su oferta de hacerse con el banco por el simbólico precio de 1 euro, proporcionó inicialmente 6.000 millones de euros, que no fueron suficientes para despejar las dudas de los ciudadanos. A lo largo del día tuvo que desembolsar otros 7.000 millones.
Un procedimiento distinto
¿Cómo se prepara una operación de esa envergadura? Lo normal es «anular» la banca electrónica mediante la limitación de transferencias a 500 euros o 1.000 en el mejor de los casos. Además, se inutilizan los cajeros automáticos. En las 72 horas que siguen hasta la reapertura de la entidad hay tiempo suficiente para buscar posibles compradores. En el caso del Popular no lo hubo.
Además, se ha sabido que los responsables del Banco Popular habían dado instrucciones a un bufete de abogados para que tuvieran preparada la presentación de suspensión de pagos para el día 7, el mismo día en que se produce la adjudicación a Banco Santander por parte de las autoridades comunitarias y el Frob. La suspensión de pagos no llegó a presentarse jamás, pero era una obligación toda vez que el consejo de administración de la entidad hubiera tenido que asumir responsabilidades pecuniarias.
Los problemas del Banco Popular eran conocidos, pero no se destapan los suficiente hasta que en el mes de mayo los responsables de la entidad se ponen en contacto con Banco Santander con el fin de esperar una oferta suya. Es de suponer que la llamada pudo repetirse con otras entidades. Durante una semana, medio centenar de personas del Santander de diversos departamentos escudriñaron las cifras de la entidad. Tras un pormenorizado estudio, valoraron el banco entre menos 1.000 y menos 2.000 millones de euros. Es decir. Si los responsables querían que Santander se quedase con Popular éste tenía que pagar esa cantidad por los riesgos contraídos. Al final, Santander no siguió adelante.
Los que sí siguieron adelante fueron los problemas de confianza de la entidad presidida por Emilio Saracho. Las acciones se desplomaban día a día y los problemas de liquidez empezaban a aflorar. Popular tenía que recurrir a las líneas de crédito del BCE, hasta que se acabaron los colaterales, las garantías.
El sábado 3 de junio de 2017, el Frob vuelve a buscar al Santander. Se disputaba la final de la Champion League entre Real Madrid y Juvetus. Ya se empezaba a perfilar el final del banco. Era una invitación formal a participar en un procedimiento de salvación y evitar la liquidación del banco, más lenta y costosa. El martes 6, sobre las 10 de la noche, Santander ofrece 1 euro y pide una serie de cautelas. Seis horas más tarde Popular era suyo.
Un año después, la situación es bien diferente. En marzo pasado ya tenía exceso de liquidez. Y eso que en 2017, en poco menos de dos meses se «comió» 50.000 millones de euros.