La Junta, combatiente ahora de la impunidad en el «caso ERE»

En los escritos de los abogados de la Junta a veces no hay ni que leer entre líneas. Si en un recurso de reforma interpuesto contra el auto en el que la instructora del «caso ERE», María Núñez, acordó el sobreseimiento de lo actuado en relación a dos ex asesores de la Junta en la pieza de las ayudas adjudicadas por el Gobierno andaluz al centro geriátrico del Obispado de Cádiz aceptaron que la Dirección General de Trabajo «se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos», como ya informó LA RAZÓN; ahora han hecho otro reconocimiento. Esta vez se trata de un recurso de apelación en el que los letrados del Ejecutivo autonómico han alegado contra el auto en el que se estimó otro formalizado por la representación procesal del ex director general de Trabajo Juan Márquez contra su inserción como investigado en el bloque de la sociedad limitada Tioxide Europe. La siembra de argumentos de los abogados de la Junta recoge que desde un punto de vista «sustantivo» no concurre el principio «non bis in idem», invocado para sacar a los ex altos cargos juzgados en la rama política del resto de piezas, dado que la división de la causa matriz «no puede tener por consecuencia, en palabras del Tribunal Supremo, la de crear posibles espacios de impunidad como consecuencia de quedar imprejuzgados determinados hechos que indiciariamente revisten carácter delictivo». Esto es, admiten la comisión de presuntos delitos en el marco del caso que ha puesto bajo la lupa judicial centenares de millones. La Junta rechazó ser acusación en el apartado político y asiste al vaciado de cargos en el resto.