Niño y andaluz, pobre entre los pobres
Hay 1,6 millones de niños andaluces para los que su día transcurre con normalidad. Para la mayoría nada habrá cambiado desde el viernes 1 de junio, el arranque del mes en el que acaba el curso. Hay otro presidente en España, lo habrán oído, como una repetición de los adultos que los rodean. No han dejado de jugar, estudiar o de pelearse con los hermanos. Lo de cada día. El verano llama y entonces una gran parte de ellos notará que le falta alguna comida, que pasan más horas solos. Se habla de «emergencia social» pero se habla muy poco. Por eso la figura del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, es un primer paso para focalizar la atención sobre los menores. El Gobierno debe nombrarlo y atribuirle competencias, pero el diagnóstico está hecho y Andalucía ha de ser un territorio prioritario porque aquí uno de cada cuatro niños (28%) vive con ingresos por debajo del umbral de la pobreza –las cifras oscilan entre los 330.000 y los 560.000, según los índices empleados–. El dibujo empeora porque son los más perjudicados respecto al resto de andaluces –la tasa de pobreza baja siete puntos si engloba a todas las edades–.
Con ello se reconoce un problema silenciado: hay niños que viven en la pobreza. Andalucía lleva la delantera en esa toma de conciencia, empujada por la necesidad de responder a su particular emergencia social como la segunda comunidad con mayor índice de exclusión y la más numerosa –un 35%, que alcanza a casi la mitad de los niños y adolescentes si se mide respecto a España, según el Observatorio de la Infancia–. En su primer año, el pionero plan de garantía alimentaria de la Junta proporcionó tres comidas diarias a 19.000 niños, manteniéndose durante el verano. En este último año, se han destinado 1,8 millones para el reparto de alimentos a niños con necesidades; en 2014 las ayudas fueron de 1,5 millones. Ese aumento para la atención directa choca con el descenso del dinero destinado de forma genérica a la infancia, especialmente del Gobierno estatal. La amplitud del término provoca que englobe desde la educación o la sanidad a actuaciones sociales específicas con colectivos desfavorecidos. ONG como Save the Children han denunciado la ineficacia de muchas intervenciones si posteriormente no se evalúa su impacto. Su principal reclamación es que existan objetivos claros de reducción de la pobreza y se midan periódicamente los resultados, así como que sean públicos.
Antes de ponerle cara a los números, será necesario calcular la inversión necesaria para revertir una pobreza que podría instalarse definitivamente en esos hogares, heredándose de padres a hijos. Este extremo lo advierte un informe de Cáritas realizado por Foessa, en el que corrobora que «ocho de cada diez personas cuyos padres no alcanzaron la Primaria no han conseguido completar los estudios de Secundaria». El fracaso escolar como primera piedra en el camino, que sigue dejando a uno de cada cuatro sin acabar la educación obligatoria.
La ONG Educo ha analizado los Presupuestos Generales de 2018, diseñados por el PP antes de abandonar el Gobierno, y el resultado es que se destinan 346 millones a programas de infancia. El compromiso era invertir 1.500. La cuenta de los recortes acumulados desde 2010 suma 11.544 millones de euros. Solo en educación se han escatimado más de 4.800. Cuando peor era la situación, menos dinero se ha destinado a ayudar a familias con problemas.
Unicef planteó como medida prioritaria establecer una prestación directa de cien euros por menor, sacando con ella de la pobreza a un 18% de esos niños con un coste de 9,4 millones. Esa sería una actuación directa, después de demostrarse que otras más «populares» como la desgravación fiscal de cien euros mensuales de las familias numerosas es inocua para quienes no tienen trabajo ni ingresos. Si no cobran una prestación o un sueldo, no pueden desgravarse esa cantidad ni recibir por ejemplo los cien euros por madre trabajadora o ayudas para los gastos derivados de las escuelas infantiles. Miles de familias excluidas del sistema de protección pese a afrontar las mayores dificultades.
Los sucesivos análisis respecto al impacto de la lucha con la pobreza dejan a España, y por ende a Andalucía, en muy mal lugar. El país está lejos de la media europea, donde el 2,4% del PIB se dedica a medidas de protección a las familias y a la infancia frente al 1,3% nacional. Y en 2013, un informe de la Unión Europea advertía de que el reparto de las ayudas revertía negativamente en la desigualdad, aumentándola. El motivo era el mismo hace cinco años que ahora: las familias más pobres apenas reciben ayudas proporcionalmente. Será la primera de las tareas que el Alto Comisionado deberá abordar.