Piden al TSJA que pare el uso de las balsas de la mina de Riotinto

En Ecologistas en Acción tienen memoria, además de que no suelen esconderse entre la bruma. Recuerdan que en junio de 1995, «la Junta autorizó el recrecido de la balsa de Boliden, desoyendo las denuncias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) –germen de su entidad–» que alertó «de manera reiterada y fundada técnicamente del peligro que suponía aquello». Ninguna autoridad administrativa ni judicial actuó y el desenlace de la historia es conocido: la balsa reventó en Aznalcóllar y provocó «la catástrofe anunciada de 1998». Con la mirada puesta en el retrovisor, Ecologistas trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus argumentos contra la Resolución que firmó el 25 de enero de 2015 la entonces directora general de Minas regional, María José Asensio –investigada por Aznalcóllar–, por la que se autorizó el reinicio de la actividad minera en Riotinto (Huelva) a la empresa Emed Tartessus, que después se convirtió en Atalaya Mining, «la misma compañía que ahora pretende reabrir, sin garantías ambientales, la mina gallega de O Pino y Touro», anotan los conservacionistas.

Para insuflar nueva vida al yacimiento onubense «era necesario» volver a hacer operativa «la inmensa balsa de lodos que ocupaba 530 hectáreas, contenía 340 millones de toneladas de residuos tóxicos acumulados desde su paralización en 2001 y estaba formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan, Cobre y Aguzadera», explican los ecologistas. El reinicio permitido implicaba «nuevos recrecidos de las balsas de Cobre y Aguzadera durante cinco años, para poder albergar otros 166 millones de metros cúbicos de nuevos lodos» lo que supone, «10 veces más cantidad» de la que contenía la de Boliden. Por eso, la organización «verde» recurrió la autorización ambiental de 2014 del Proyecto Riotinto y la de reinicio de 2015, al entender que ponían «en grave riesgo la seguridad de las balsas», además de vulnerar «la legislación europea en materia de evaluación ambiental estratégica». Ahora el TSJA tendrá que decidir sobre la nulidad de ambas autorizaciones. Lo hará en un escenario que, según Ecologistas, incluye que «para garantizar supuestamente la seguridad de los recrecidos, las autorizaciones ambiental y de reinicio impusieron que, antes de verter los lodos a las balsas, la empresa tenía la obligación de espesarlos hasta conseguir un contenido en sólidos superior al 50%» y para lograr ese «imprescindible nivel», la sociedad «incluyó en los proyectos presentados y con el visto bueno de la Junta una planta de espesado de estériles que nunca se ha construido». Es más, sostiene que esto «ha quedado acreditado mediante un informe de 15 de mayo de 2018 que la autoridad minera de Huelva remitió al TSJA, que reitera otro anterior de 13 de octubre de 2016 y que incluye las mediciones realizadas desde marzo de 2016 que indican que la cantidad de sólidos en los lodos es menor del 35%». Su creciente preocupación por un «riesgo grave de rotura» de las balsas que creen real ha llevado a la organización a solicitar al Alto Tribunal andaluz que, «en base al principio de precaución», pare cautelarmente «los vertidos de lodos» hasta dictar sentencia.