Covite exige al alcalde de San Sebastián que impida que los padres de los condenados por el caso Alsasua lancen el «chupinazo»
El colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha enviado una carta al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, a quien le reclama que "impida" que los padres de los jóvenes condenados en la Audiencia Nacional (AN) por la agresión a dos Guardia Civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en 2016 lancen el “chupinazo pirata”, promovido por el colectivo Donostiako Piratak en la Semana Grande donostiarra, que comienza este sábado.
Covite destaca como “muy grave” que instituciones públicas se muestren “a favor de unas personas condenadas por la Audiencia Nacional por una agresión cuya gravedad ha quedado demostrada”, indica en un comunicado. El colectivo que preside Consuelo Ordóñez advierte de que “emprenderá las acciones legales necesarias para denunciar el acto” sin finalmente el Ayuntamiento permite que quienes lancen el “chupinazo pirata” sean los padres de los agresores del caso Alsasua.
El colectivo critica que el Ayuntamiento de San Sebastián y, por lo general, la mayoría de las instituciones públicas del País Vasco y de Navarra “se alineen con la izquierda abertzale, que ha politizado los
hechos desde el primer momento y ha incitado una brutal campaña de acoso contra una de las víctimas de la agresión de Alsasua, residente en esta localidad”.
Covite reclama que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza se pronuncie en torno a esta nueva humillación para “las verdaderas víctimas” del caso Alsasua. “Si el delegado quiere mostrar su compromiso con las víctimas, tiene la obligación de condenar este tipo de actos que las humillan y de trabajar, dentro de sus competencias, para que no se produzcan”, afirman.
Covite destaca que "las supuestas discrepancias con una sentencia judicial no pueden ser la coartada para lanzar mensajes que inciten al odio, a la impunidad de la violencia y que apoyen a los agresores de
cuatro personas a las que nadie prestó ayuda en medio de un linchamiento público". Finalmente, consideró que el hecho de que "una institución pública esté dispuesta a promover este tipo de mensajes demuestra una total falta de solidaridad con las víctimas y supone un ataque contra los valores más básicos de la democracia".