Cristina Fernández niega sobornos y denuncia una ‘persecución’ por parte del Gobierno de Macri
"De ser necesario, habré de agotar todas las instancias judiciales internas, acudiendo además ante los órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos", subraya Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015 y viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), en un escrito presentado a los tribunales.
Procesada ya en cinco causas, la mayoría por acusaciones de corrupción, Fernández volvió el lunes a los juzgados federales de Buenos Aires para declarar como imputada en un caso en el que se investiga una presunta red de sobornos de empresarios de obras públicas a funcionarios del kirchnerismo.
Aunque se negó a declarar, la actual senadora, quien está aforada y no puede ser detenida, presentó un documento ante el juez Claudio Bonadio en el que negó los cargos y apuntó contra él por su supuesta connivencia con el actual Ejecutivo.
"Bonadio vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa", subrayó irónicamente Fernández en la red social Facebook.
Según Fernández, desde que dejó la jefatura del Estado en diciembre de 2015, le "armaron" seis causas penales, cinco de ellas "iniciadas e impulsadas por Bonadio".
"Decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadio como brazo de persecución contra mi persona", sentencia.
La expresidenta se considera víctima de la "nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas" que "ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas".
También señaló que "la caída abrupta" de la imagen del Gobierno de Mauricio Macri por los problemas económicos del país y por la investigación que el oficialismo sufre por presunta financiación ilegal han sido "la oportunidad perfecta" para sacar a la luz esta causa.
En su escrito, Fernández destaca que desde hace dos años pide que se lleve a cabo una auditoría de todas las obras públicas realizadas entre 2003 y 2015 y recuerda que familiares de Macri fueron "emblemáticos integrantes" de la "patria contratista" surgida desde la última dictadura (1976-1983).
No obstante, el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente, es uno de los imputados en la causa después de que la semana pasada declarase que hizo pagos ilegales para financiar las campañas del kirchnerismo en 2013 y 2015, debido, afirmó, a las presiones que recibía desde las altas instancias.
El escándalo se destapó el 1 de agosto, cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios y miembros del anterior Gobierno, en base a los cuadernos que durante una década escribió el exmilitar Óscar Centeno, chófer del ministerio desde el que se dirigían las obras públicas.
En esas anotaciones, que al parecer Centeno entregó a un expolicía amigo suyo y este se los llevó a un periodista del diario "La Nación", quien a su vez trasladó su contenido a la Justicia, el conductor relata cómo trasladaba bolsas con dólares a varios destinos, entre ellos la residencia del matrimonio presidencial.
Fernández acudió al juzgado acompañada del dirigente social Juan Grabois y el exembajador en el Vaticano Eduardo Valdés.
"Cristina es la dirigente opositora de mayor intención de voto y cada vez que el Gobierno tiene problemas, como los que hay en este momento, se avanza con algo nuevo sobre su situación judicial", dijo a Efe Valdés.
El abogado de la exmandataria Carlos Beraldi presentó una petición de nulidad basada en supuestas irregularidades en la aparición de los cuadernos y en que su defendida ya es investigada por asociación ilícita en otras tres causas y se pretende "perseguirla por la misma conducta".
La defensa solicita además una serie de comparecencias ante la Justicia, como la de Macri, por si influyó en que Calcaterra, como a otros imputados, se le dejara en libertad tras darle la condición de "arrepentido", figura legal que otorga beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.
Varios de los empresarios detenidos reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones como parte de una red con la que, según cálculos de medios locales, se pudo haber recaudado cerca de 200 millones de dólares.
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