El boom de las viviendas turísticas en Sevilla y su regulación es una de las preocupaciones del Ayuntamiento que ha decidido trasladar a la ciudadanía para conocer su opinión. La consulta pública, que ha permanecido abierta desde el 22 de junio hasta el 27 de agosto, ha recibido 479 respuestas, en su inmensa mayoría a través de la vía telemática (únicamente una de ella se ha hecho por el buzón del servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo).
Los datos indican que el 61,59% de los participantes, de los que el 40% reside en el Centro, se muestran favorables a un cambio en el PGOU para que los pisos turísticos tengan una calificación distinta a la residencial, frente al 37,79% que no lo considera necesario. Este último colectivo cree que el negocio «es una manera legítima de ganar el sustento de las familias» y se muestran muy a favor de «sancionar a los ilegales, pero dejar trabajar a aquellos que cumplen con las normas vigentes». También ven en esta modalidad de alojamiento «una oferta necesaria» para el sector.
Los ciudadanos piden una nueva ordenanza
La mayor parte de los participantes consideran que «con carácter general, estos pisos no tienen un uso residencial, debiendo equipararse al uso hotelero con todas sus consecuencias como la solicitud de licencias de actividad, impuestos, condiciones de calidad y seguridad.
Otra de las aportaciones que realizan es limitar el número de viviendas con fines turísticos con distintos criterios, que van desde la ubicación de la propiedad en el edificio (que solo se permitan en bajos y primeros) a la ubicación en la ciudad, estableciéndose unos ratios por manzanas o barrios, de manera que se garantice la compatibililidad del uso de hospedaje con el residencial.
Los más críticos con esta alternativa piden no conceder más licencias por considerar que la ciudad está saturada y otros solo proponen limitarlas en el Casco Histórico y Triana a fin de evitar el desploblamiento de los mismos. Como ejemplo del efecto que están provocando aluden a la subida de los alquileres y del precio mismo de los inmuebles, situándose claramente por encima del importe medio del mercado.
Junto a las limitaciones, piden más medidas fiscales para que esa actividad tenga una repercusión en las arcas públicas. Entre las recomendaciones recibidas destaca: adecuar los impuestos y tasas municipales al uso real de estos inmuebles, que encuadran en el sector servicios y no en el ámbito residencial. También que se equipare su tratamiento fiscal al hotelero y que se establezca un impuesto para colaborar con el mantenimiento de los monumentos.
Protección del alquiler tradicional
Sobre el alquiler tradicional, piden una mayor protección de ese mercado para evitar la marcha de los residentes habituales, como ya se empiezan a dar en zonas del Casco Histórico. Igualmente solicitan que las comunidades de vecinos puedan decidir si se autoriza o no una vivienda con fines turísticos en un bloque y que esos propietarios paguen más cuota al hacer más uso de las zonas comunes.
El 70,36% de los ciudadanos que han respondido a la consulta consideran que es adecuado crear una ordenanza específica que regule y limite las viviendas con fines turísticos y casi el 61% se muestra a favor de que las medidas de limitación que se adopten afecte a toda la ciudad y no solo a las zonas con mayor concentración.
El boom de las viviendas turísticas en Sevilla y su regulación es una de las preocupaciones del Ayuntamiento que ha decidido trasladar a la ciudadanía para conocer su opinión. La consulta pública, que ha permanecido abierta desde el 22 de junio hasta el 27 de agosto, ha recibido 479 respuestas, en su inmensa mayoría a través de la vía telemática (únicamente una de ella se ha hecho por el buzón del servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo).
Los datos indican que el 61,59% de los participantes, de los que el 40% reside en el Centro, se muestran favorables a un cambio en el PGOU para que los pisos turísticos tengan una calificación distinta a la residencial, frente al 37,79% que no lo considera necesario. Este último colectivo cree que el negocio «es una manera legítima de ganar el sustento de las familias» y se muestran muy a favor de «sancionar a los ilegales, pero dejar trabajar a aquellos que cumplen con las normas vigentes». También ven en esta modalidad de alojamiento «una oferta necesaria» para el sector.
Los ciudadanos piden una nueva ordenanza
La mayor parte de los participantes consideran que «con carácter general, estos pisos no tienen un uso residencial, debiendo equipararse al uso hotelero con todas sus consecuencias como la solicitud de licencias de actividad, impuestos, condiciones de calidad y seguridad.
Otra de las aportaciones que realizan es limitar el número de viviendas con fines turísticos con distintos criterios, que van desde la ubicación de la propiedad en el edificio (que solo se permitan en bajos y primeros) a la ubicación en la ciudad, estableciéndose unos ratios por manzanas o barrios, de manera que se garantice la compatibililidad del uso de hospedaje con el residencial.
Los más críticos con esta alternativa piden no conceder más licencias por considerar que la ciudad está saturada y otros solo proponen limitarlas en el Casco Histórico y Triana a fin de evitar el desploblamiento de los mismos. Como ejemplo del efecto que están provocando aluden a la subida de los alquileres y del precio mismo de los inmuebles, situándose claramente por encima del importe medio del mercado.
Junto a las limitaciones, piden más medidas fiscales para que esa actividad tenga una repercusión en las arcas públicas. Entre las recomendaciones recibidas destaca: adecuar los impuestos y tasas municipales al uso real de estos inmuebles, que encuadran en el sector servicios y no en el ámbito residencial. También que se equipare su tratamiento fiscal al hotelero y que se establezca un impuesto para colaborar con el mantenimiento de los monumentos.
Protección del alquiler tradicional
Sobre el alquiler tradicional, piden una mayor protección de ese mercado para evitar la marcha de los residentes habituales, como ya se empiezan a dar en zonas del Casco Histórico. Igualmente solicitan que las comunidades de vecinos puedan decidir si se autoriza o no una vivienda con fines turísticos en un bloque y que esos propietarios paguen más cuota al hacer más uso de las zonas comunes.
El 70,36% de los ciudadanos que han respondido a la consulta consideran que es adecuado crear una ordenanza específica que regule y limite las viviendas con fines turísticos y casi el 61% se muestra a favor de que las medidas de limitación que se adopten afecte a toda la ciudad y no solo a las zonas con mayor concentración.