Los partidos presentan este lunes sus propuestas para renovar el CGPJ en plena crisis del poder judicial
Y es ahí donde los dos grandes partidos, PP y PSOE, libran la batalla más importante para sustituir a Carlos Lesmes, cuyo mandato finaliza el 4 de diciembre, junto al de los 20 vocales del Consejo. El final del mandato no ha sido precisamente pacífico. Al debate sobre cómo se ha enfocado la causa del ‘procés’, se suma ahora la pésima gestión del pago del impuesto de las hipotecas y sobre la intervención del poder ejecutivo para corregir una decisión del judicial.
La novedad, este año, es que Podemos también quiere participar en la negociación y esgrime para ello su condición de aliado preferente del Gobierno. Este lunes finaliza el plazo para la presentación de candidatos al nuevo CGPJ y el partido morado está molesto porque los socialistas no han hablado con sus representantes, sino que se han limitado a la tradicional negociación con los ‘populares’. ‘Populares’ y socialistas tienen escaños suficientes para lograr la mayoría de tres quintos necesaria para renovar el Consejo, por lo que el acuerdo entre ambos, que desde hace semanas negocian la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá bastaría para lograr ese objetivo.
Aunque Podemos rechaza el actual sistema de elección de los vocales -diez a propuesta del Congreso y otros diez del Senado- al apostar por otro modelo paritario y basado en el mérito, está dispuesto a hablar sobre los perfiles de los candidatos y respecto a la Presidencia de este órgano, según fuentes del partido. Porque, como ha señalado en una reciente entrevista el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "puestos a hacerlo mal, pongámonos de acuerdo entre todos".
Podemos, de hecho, tiene una candidata para representarlo en el poder judicial: la exdiputada Victoria Rosell, magistrada que ejerce en Canarias y que fue portavoz de Jueces Para la Democracia entre 2012 y 2015. Ese es el nombre patrocinado por el partido de Pablo Iglesias, que el sábado promovió una manifestación ante las puertas del Tribunal Supremo contra la sentencia de las hipoteca y la supuesta connivencia del poder judicial con la banca.
El candidato del Partido Popular es el magistrado Manuel Marchena Gómez, que en la actualidad es ponente de la causa judicial contra los líderes independentistas del 'procés'. Entre las causas que ha instruido el magistrado propuesto por el PP se encuentra la de las escuchas de 'Gürtel' por las que el juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación. Marchena, en la actualidad responsable de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dejaría de presidirla en caso de ser elegido, y sucedería en el cargo a Carlos Lesmes, que preside el CGPJ desde 2013.
Los socialistas, sin embargo, no aceptan este nombre y plantean, por el contrario, a mujeres de perfil progresista, como la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, según avanzó el viernes ‘El País’. El pasado jueves, Cristina Narbona admitía en RTVE que le constaba que "es bastante posible" que el lunes se avance en este pacto. La renovación de este órgano es muy relevante, máxime con importantes juicios como el del 'procés' en el horizonte y con la polémica originada por la gestión del Tribunal Supremo del impuesto de las hipotecas. "Confío en que esa renovación se produzca a tiempo y que todo lo que nos espera se haga con órganos renovados", recalcó Narbona.
La marcha de las negociaciones apunta a que finalmente habrá una mujer en la cúspide del poder judicial. Unidos Podemos tendrá su representación con Victoria Rosell y Ciudadanos no tendrá ninguna cuota tras haberse autoexcluido de las negociaciones por no estar de acuerdo con el sistema de elección del CGPJ. Albert Rivera denuncia el "reparto de cromos" y quiere cambiar la ley para que, entre otras cosas, los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que proceden de la carrera judicial sean elegidos directamente por y entre todos los jueces.
Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que 12 han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos. La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías, es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo. El Senado ya decidió prorrogar hasta el 18 de diciembre el plazo para proponer los vocales que le corresponden, es decir, más allá de la fecha de caducidad del mandato del CGPJ.
El pasado 27 de septiembre, Lesmes remitió al Congreso y al Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar los 12 asientos reservados a magistrados. En esa lista figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
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