Corte imperial
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos abrió un debate necesario en un país de privilegios y castas.
Los poderes públicos se convirtieron en zonas exclusivas para el lucro, el hurto, la simulación y la impunidad. Funcionarios de los tres órdenes de gobierno amasan fortunas obscenas, en plazos cada vez más cortos, mientras la mayoría empobrece.
El ingreso de los ministros de la Corte es insultante, pues al salario neto de 269 mil 216 pesos mensuales se agregan prestaciones que lo elevan casi a siete millones de pesos anuales antes de impuestos (Presupuesto de Egresos 2018). Son los mejor pagados de la estructura federal, lo mismo que los consejeros de los organismos autónomos.
La Corte no está exenta de intereses partidistas y los salarios altos tampoco garantizan honradez. El servicio público dejó de ser un honor; hoy es un negocio del cual dependen otros más rentables en el mercado libre de la corrupción.
A una presidencia imperial, una Corte real. En el máximo tribunal de justicia las togas protegen el tráfico de influencias, avalan elecciones fraudulentas y si la consigna es otra, las anulan. Y como en el gobierno y los sindicatos, el nepotismo se practica sin rubor.
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por las oposiciones, para frenar la aplicación de la Ley de Remuneraciones, es oportunista y las coloca de nuevo de espaldas a la ciudadanía.
En este, como en otros casos, la sociedad respalda al presidente. Ninguna ley está por encima de la Constitución, pero tampoco deben estarlo grupo o interés alguno. Es igualmente improcedente afectar derechos o aplicar retroactivamente normas, excepto si son para mejorar.
El Poder Judicial protesta por la disminución de sus salarios, pero ha sido insensible al clamor nacional de justicia. La corrupción también pasa por los tribunales. La controversia debe dirimirse de acuerdo con la realidad del país.
La cuarta transformación debe reformar el Poder Judicial, no para convertirlo en apéndice del presidente, sino para abolir privilegios y reforzarlo como contrapeso del poder político.