La juez ordena el embargo de los bienes del dueño de la cadena de Peluquerías Low Cost
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En concreto, la juez le ha embargado al empresario su vivienda de Simón Verde, una finca que tiene en Mairena del Aljarafe y los dos vehículos que están a su nombre: un Aston Martin y un Maserati, dos marcas de gama alta sólo para bolsillos muy pudientes. David Llera conoció esta medida después de prestar declaración durante varias horas como investigado.
Llera responsabilizó a los franquiciados, que también constan como investigados en la causa, de los contratos que firmaban sus empleados. Esos contratos son la base del fraude destapado por la Policía y la Inspección de Trabajo. Los trabajadores eran dados de alta como aprendices en formación, a pesar de que no reunían los requisitos. Eso les permitía a los dueños de las peluquerías obtener ventajas fiscales porque son contratos con una bonificación del 100%. Además la cadena recibía subvenciones para formar a estos empleados.
1,5 millones en subvenciones
La Policía sostiene que el dueño de la cadena creó un entramado de sociedades para perpetrar el fraude ya que además de franquiciadora, también tenía una asesoría fiscal y un centro de formación responsable de la contratación y los cursos que recibían las plantillas de peluqueros. Los franquiciados sostienen que nunca estuvieron al tanto de los contratos que firmaban sus empleados porque se los imponía la franquiciadora, que controlaría todo el proceso.
David Llera admitió que recibió 1,5 millones de euros en subvenciones para la formación de los empleados de la cadena. Un dinero público que él gestionó y nunca entregó a los franquiciados. En el interrogatorio, le preguntaron por qué no había presentado a la Policía los justificantes de haber gastado correctamente esas subvenciones. «Sin embargo, respondió que lo haría en su momento», según ha confirmado a ABC uno de los letrados personados en la causa, David Andana Serrano. La Policía cifra en tres millones el fraude que habría generado este modelo de negocio.
La juez ha acordado la misma medida patrimonial para la mano derecha de Llera. Se trata de Mar Romero, responsable del centro de formación por el que pasaban los trabajadores de las peluquerías investigadas y también imputada en las diligencias. Hoy en día ese centro, de nombre Deluxe, ya está cerrado. Romero no podrá disponer por ahora de una finca en Gines, otra en Estepona y un vehículo Ranger Rover.
Testigos y otros investigados sostienen que los dos principales implicados en el fraude eran pareja sentimental; algo que ha negado David Llera ante la juez. A la salida del juzgado, un grupo de franquiciados que estaban esperándolo, le increpó e incluso llegó a agredirle con una pancarta. Le acusan de haberles arruinado la vida. Estos pequeños empresarios se enfrentan a deudas que les reclaman la Inspección de Trabajo y Hacienda que, en algunos casos, llegan a los 100.000 euros.
Los tuteos a la juez y otros detalles
Durante la declaración de David Llera, la juez le rectificó en varias ocasiones por dirigirse de manera coloquial a una autoridad como representa la instructora. No fue el único motivo por el que le llamaron la atención. El letrado David Andana le preguntó al principal investigado en el fraude millonario cuál podía ser el motivo de que los trabajadores, que habían prestado declaración como testigos, lo señalaban como la persona de referencia en la cadena, quien les había contratado. El investigado respondió que esas personas habían dicho lo que quería la Policía porque les habían prometido mejoras laborales. En ese punto, la juez detuvo la declaración y le advirtió que estaba imputándole a los investigadores un grave delito como es presionar a un testigo. Llera no rectificó sino que sólo matizó sus palabras afirmando que era lo que le habían dicho.