Un Estado democrático que nunca llama a la puerta de las víctimas del franquismo
Isabel González entra en el Complejo de la Moncloa, casi setenta años después de que su hermano Eduardo se hubiera entregado a la Falange de Palacios del Sil (León); esa que le había prometido a su padre que no tomaría represalias porque no tenía delitos de sangre. Tras hacerlo nunca más se supo de su paradero.
Isabel había vivido en el exilio y llegaba en diciembre de 2004 ante una comisión del Gobierno para la memoria histórica. Iba a exigir lo mismo que había reclamado ante la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, en Ginebra, a principios de la década de los 40. "Quería que hicieran algo para saber el paradero de mi hermano, pero los franquistas respondieron que en España no había desaparecidos y que sólo había bandoleros" (la denominación del franquismo para los guerrilleros antifranquistas que resistían y luchaban contra la dictadura).
En la reunión en la Moncloa, Isabel tuvo que escuchar la petición de un asesor de la vicepresidencia que propuso a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que dejara de hacer exhumaciones y buscar desaparecidos mientras elaboraban la ley.
María Teresa Fernández de la Vega, responsable de la elaboración de la Ley de la Memoria en el gobierno de Zapatero, hace un viaje a Paraguay y asiste a la celebración del segundo centenario de la independencia del país. Allí, el presidente del Parlamento, Miguel Carrizosa, la presenta como hija de un alto funcionario del franquismo. Cuando ella coge el micrófono lo niega y asegura que su progenitor fue un represaliado de la dictadura.
Lo cierto es que su padre, Wenceslao Fernández de la Vega, es apartado de su puesto en el Ministerio de Trabajo, terminada la guerra y unos años después es readmitido en el ministerio, que para entonces era prácticamente propiedad de Falange, y llega a ser nombrado delegado de Trabajo en Zaragoza, a recibir una condecoración del 18 de julio de 1971, firmada y concedida personalmente por el dictador, y su familia disfruta de privilegios como licencias de explotación de saltos de energía eléctrica en la cuenca del Tiétar, cuyas participaciones heredadas vendió la ex vicepresidenta del Gobierno en octubre de 2016.
El BOE publica la Ley de la Memoria 52/2007, por la que el Estado decide no responsabilizarse de la búsqueda de los desaparecidos y asume "facilitar las cosas". Pero, ¿los derechos humanos o la reparación a las víctimas del terrorismo en una democracia se facilitan, que no significa nada, o se garantizan?
En el verano de 2006, Isabel González murió esperando a un Estado que nunca quiso buscar a su hermano, porque la versión oficial era que nos habíamos reconciliado en la Transición y todo había quedado resuelto. Murió como tantas miles de personas esperando a que el Estado girase la cabeza y dejara de ignorarlas, con el eco de las palabras del asesor De la Vega, pidiendo que se detuvieran las exhumaciones y eso habría ocurrido durante tres años.
El Boletín Oficial del Estado anuncia la convocatoria de unas subvenciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del que es titular la vicepresidenta Carmen Calvo, para ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas por la represión franquista.
Han pasado años de exhumaciones promovidas por la sociedad civil; han muerto miles de isabeles, con la angustia y el dolor de no haber dejado dignamente enterrados a sus seres queridos, y la ONU ha publicado dos informes contundentes señalando la discriminación de las víctimas del franquismo que han llevado a cabo todos los gobiernos de la democracia. Pero el Gobierno PSOE-PODEMOS quiere resolver el problema de los miles de desaparecidos por la dictadura con unos miles de euros de subvenciones que podrán servir para ayudar a unos pocos, pero que seguirán condenando a ser víctimas de tercera a las familias de quienes no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y fueron asesinados y mal enterrados por los fascistas que durante años ilegalizaron y pisotearon libertades que hoy consideramos fundamentales.
¿Por qué han sido tan molestas las víctimas del franquismo? Quizá porque todos y cada uno de los gobiernos de la recuperada democracia, hasta 2011, han estado repletos de hijos e hijas del régimen. ¿Por qué las bases del PSOE están directamente emparentadas con las víctimas pero sus Consejos de Ministros se nutrían de descendientes de franquistas? Una de las causas de la impunidad del franquismo es la estructura social. En los años 50, 60 y principios de los 70 quienes mayoritariamente acudían a las universidades eran hijos e hijas del régimen, y aunque tuvieran diferentes ideologías, compartieron privilegios y lazos familiares.
Pedro Sánchez lleva dos años residiendo en La Moncloa, dos años en los que muchas isabeles han dado su último suspiro con el dolor y la culpa de no haber podido darles a sus hermanos, padres, madres o tíos una sepultura digna. Y ahora el Gobierno dice que no quiere atender directamente a las familias, que pondrá dinero para ayudar a las asociaciones, con lo cual la responsabilidad señalada por la ONU cuando le dice al Estado español que la "sepultura digna es un derecho absoluto" y que se ha comprometido a garantizarlo al firmar diferentes tratados internacionales, es papel mojado.
¿Qué le cuesta al Estado constituir un organismo que atienda a las familias de las personas asesinadas por los franquistas, a todas las familias, como ha hecho con las víctimas del terrorismo o con las familias de los muertos de la División Azul? ¿Por qué insiste en no atenderlas personalmente y subvencionar a colectivos que se encargan de repararlas? ¿Qué se puede sentir en un país donde hay gente que discute si los seres humanos deben o no deben estar enterrados dignamente, si las familias tienen o no tiene derecho a saber? ¿Por qué en más de 40 años de recuperada democracia ningún presidente del Gobierno ha hecho en territorio español un acto público y notorio con las víctimas de la represión franquista y con quienes lucharon por el regreso de la democracia?
El atado y bien atado de Francisco Franco era una estructura social construida sobre la violencia, la corrupción y un aparato del Estado ocupado casi en exclusividad por adeptos y filofranquistas. Esa es la herencia que recibe la recuperada democracia y que la izquierda parlamentaria (especialmente el PSOE y el PCE, que nunca se han disculpado ni explicado) aceptó prácticamente sin rechistar. Con el lote iban una falsa reconciliación y una amnistía relatada como una conquista de la oposición al régimen que sellaba la impunidad para los franquistas.
En ese marco fundacional las víctimas del franquismo debían permanecer calladas hasta su muerte y su memoria tenía que haber permanecido en silencio hasta su extinción. Eran incómodas y sobre su sufrimiento se levantaron privilegios, grandes patrimonios y carreras políticas. Por eso el Estado nunca ha llamado a su puerta. Porque ha preferido desatenderlas sin mirarlas a los ojos, subvencionando pequeñas reparaciones, para que sigan muriendo con sus pequeñas memorias y sus grandes silencios. Y parece que en esta ocasión, las políticas de memoria pretenden seguir la misma hoja de ruta, subvencionando atenciones casi asistenciales, pero sin poner clara y visiblemente al Estado de su parte.