Rastreadores militares: dos mil efectivos "de alto nivel" que trabajarán de manera autónoma
El pasado martes, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas que, entre otras cuestiones, otorgaba más peso a las comunidades autónomas en su gestión particular de la crisis sanitaria del coronavirus. El debate acerca del recuento de casos y las dificultades de encontrar profesionales especializados en el seguimiento y la localización de los asintomáticos había supuesto una barrera para muchas regiones que, como la madrileña o la catalana, se habían encomendado al sector privado. Como respuesta, Sánchez anunció su intención de movilizar 2.000 militares para ejercer como rastreadores de apoyo. "Las comunidades que no cuenten con suficientes rastreadores, pueden contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas", aseguró el presidente en la rueda de prensa.
El Gobierno responderá de forma "inmediata" a la demanda de rastreadores del Ejército que formulen las comunidades autónomas por "el tiempo que sea necesario" y con un número de efectivos que definirán conjuntamente los ministerios de Defensa y Sanidad. Así lo han explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce durante un encuentro realizado este jueves para esclarecer las vías de actuación.
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien esperaba poder asignar este mismo viernes los primeros rastreadores militares a las comunidades autónomas. Illa ha subrayado que 2.000 efectivos ofrecerán un servicio de "alto nivel" con profesionales "muy eficaces" que trabajarán como unidades autónomas en las comunidades que los hayan solicitado. Lo harán durante un tiempo "limitado y tasado".
El procedimiento para la incorporación de estos rastreadores militares pauta que las autonomías deben elevar una petición explicativa al Ministerio de Sanidad sobre la situación epidemiológica que motiva esa necesidad de refuerzo. A partir de ahí, Sanidad y Defensa evaluarán esa petición con una respuesta "inmediata" cediendo los rastreadores militares y el número será adecuado a la situación del territorio.
La medida ha encontrado una recepción dispar y ha evidenciado las diferencias de criterio entre las comunidades, así como las flaquezas en el rastreo de cada una de ellas.
Murcia, Galicia, Cantabria, Navarra y la Comunitat Valenciana han iniciado los trámites para incorporar miembros de esta unidad a sus equipos de rastreadores autonómicos.
La región murciana fue la primera en solicitar la ayuda militar y pidió 60 rastreadores al Gobierno para controlar los brotes de coronavirus. El consejero de Salud, Manuel Villegas, justificó la cifra amparándose en que "es lo que lo correspondería a la Región por población en el conjunto de España”.
La Comunitat Valenciana ha sido la siguiente en la lista. Ximo Puig ha demandado este jueves 150 rastreadores para controlar los brotes en la capital y su área metropolitana. Los rastreadores crearán un "grupo de acción directa en los lugares donde se produzca un brote. El ejército tiene una metodología de trabajo que puede ser apropiada", ha añadido Ximo Puig.
Cantabria, Galicia y Navarra, por su parte, no han descartado pedir equipos de rastreadores al Gobierno pero demandan más información sobre el procedimiento. La Consellería de Sanidade de la Xunta se interesó por la oferta del Gobierno central tal y como confirmaron a elDiario.es fuentes del departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña, pero exige que se "concrete" la colaboración. Esta reclamación llega tras haber engrosado las cifras de rastreadores en la comunidad, que pasó de tener 20 a 6.000 en un mes y medio.
El consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, señaló que la comunidad ha hecho "un esfuerzo inmenso" para contratar a rastreadores pero "no descarta tener que recurrir a esa medida", una declaración que se asemeja a la realizada desde el Ejecutivo navarro. El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el gobierno foral no contempla "a día de hoy" pedir la declaración del estado de alarma, pero no cierra la puerta a los rastreadores, "como no descartamos utilizar todos los medios a nuestro alcance".
En tono crítico, la Comunidad de Madrid ha dado la "bienvenida" a los rastreadores, aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente. La comunidad, que tenía 180 rastreadores en julio, trató de reclutar voluntarios para paliar las lagunas de rastreo, y todavía no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento del Gobierno central. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que "cualquier medida para luchar contra el coronavirus" es positiva pero la decisión corresponde al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Todavía no se conocen valoraciones sobre esta medida en Andalucía, Canarias, La Rioja, Castilla y León , Aragón y Extremadura, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran a la espera de ciertas aclaraciones gubernamentales sobre la posibilidad de declarar estados de alarma locales.
Esta medida, en cambio, sí ha suscitado el pronunciamiento de algunas de estas comunidades que han dejado entrever sus necesidades primordiales. Es el caso del jefe del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha asegurado que "en Extremadura no se dan las circunstancias para solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma", una línea compartida por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que ha asegurado que "en este momento", no es necesario un "estado de alarma".
El resto de comunidades han declarado no necesitar el apoyo militar en sus equipos de rastreadores. O, al menos, no todavía.
La portavoz del Govern de Catalunya, Meritxell Budó, ha descartado que la Generalitat vaya a solicitar la ayuda de los rastreadores militares para combatir los rebrotes de COVID-19, tal y como ha afirmado en una entrevista en RNE. "Me consta que desde Salut Pública se está trabajando con un programa de rastreo y se han aumentado mucho los equipos", ha asegurado Budó antes de recordar que los 2.000 militares "no son una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta el número de comunidades autónomas".
Castilla-La Mancha, por su parte, también ha justificado la negativa acogiéndose a las cifras de rastreadores, más de 400 según datos del gobierno de la región. Este número se incrementará en septiembre con la incorporación una unidad de enfermeros de vigilancia epidemiológica específica.
El Govern de Illes Balears emitió un comunicado tras la comparecencia de Sánchez argumentando que la comunidad cuenta con "las herramientas necesarias para aplicar las medidas que se van decidiendo a través de las diferentes resoluciones firmadas por la Conselleria de Salut" y rechazando emplear los nuevos instrumentos a su disposición, algo que también han asegurado, por el momento, desde el ejecutivo asturiano y vasco.