Fría acogida entre agricultores y oposición al acuerdo alcanzado en Luxemburgo sobre la nueva PAC

Han tenido que transcurir cinco presidencias del Consejo Europeo desde 2018 y una maratoniana cumbre en Luxemburgo, para que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea cerrara un acuerdo político alrededor de la nueva PAC (Política Agraria Común) para el periodo 2021-2027, cuya reglas entrará en vigor totalmente el 1 de enero de 2023. Mientras desde el Ministerio de Agricultura han destacado que se corresponde «exactamente» con lo que España había pedido, las principales organizaciones de productores Asaja, COAG y UPA han brindado al acuerdo una bienvenida más tibia. Otras como Unión de Uniones han alertado que lo consensuado por el Consejo no soluciona «el injusto y desequilibrado reparto de las ayudas».


Desde la mayoritaria Asaja, su director de Relaciones Internacionales Ignacio López, ha apuntado que «el acuerdo no es el que nosotros queríamos» y lamentado que «el Presupuesto sea flojo». Salvo cambios de última hora España recibirá en los próximos siete años 47.274 millones de euros, el 40% dedicado a objetivos específicamente medioambientales. A los que cabría añadir la prte que nos corresponda de los 7.500 millones de euros en los que ha quedado reducido el presupuesto adicional para Desarrollo Rural (de los 15.000 millones originales) más las aportaciones de las comunidades autónomas y el Estado, así como del Plan Nacional de Inversiones y Reformas todavía no cuantificado.


Para López, estos más de 47.000 millones no serán suficientes para «afrontar» las exigencias en materia de medio ambiente y sostenibilidad que trae la nueva PAC. De igual modo, ha alertado contra el hecho de que los «ecoesquemas» - que en la propuesta el Consejo representan el 20% de las ayudas directas - pueda suponer hasta el 40% ayudas directas y reducir de este modo el porcentaje que va directament al agricultor sin una mayor condicionalidad verde. Al respecto, ha pedido «niveles más altos de flexibilidad» en la aplicación de los «ecoesquemas» para garantizar la competitividad, incluyendo realidades como lo costes laborales de servicios de terceros o de familiares. También ha criticado que a las ayudas se le pueda imponer un tope de 100.000 euros por beneficiario.


Por su parte, la portavoz popular en la Comisión de Agricultura Milagros Marcos ha apuntado que «no se pueden hacer valoraciones en profundidad hasta que haya una decisión definitiva», en referencia a los «trílogos» y la votación que deberá celebrar a final de semana el Parlamento Europeo. En este sentido, Marcos ha apuntado que «España ha ido sola a la mesa del Consejo, sin hablar con ningún país y sin posición de país». Además, ha apuntado que que el ministro de Agricultura se ha venido de Luxemburgo con «un 12% menos de financiación y muchas más cargas para agricultores y ganaderos». En este sentido, cree que con este acuerdo al sector se le pide «hacer más con menos».


La diputada popular y exconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha echado de menos cualquier referencia a nuevas medidas para el vacuno y exigido una PAC en la que «nadie perida». En este sentido, ha hablado de una mayor flexibilidad en los ecoesquemas a nivel de la presidencia alemana (20%) frente a las propuestas de la Eurocámara que hablan ya del 40%.


En lo que sí han coincidido todas las fuentes consultas es que, tras el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, es el turno de los denominados «trílogos» o negociaciones entre el Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión Europea para aunar posiciones alrededor de los reglamentos que definirán la nueva PAC. Una fase que deberá estar concluida a principios del año próximo, para la posterior elaboración de los planes estratégicos de cada estado antes de que la nueva PAC entre en vigor plenamente el 1 de enero de 2023. Los años 2021 y 2022 la PAC se gestionará con el nuevo Marco Presupuestario, aunque con las normas de la anterior Política Agraria Común.