En plena segunda ola de la pandemia, un 98 por ciento de las plazas de residencia de mayores en Galicia «están libres de Covid». El porcentaje lo dio a conocer este martes la responsable del departamento de Política Social, Fabiola García, que a través de este dato radiografió el estado de los centros geriátricos de la Comunidad, con unas 21.000 plazas y un total de 334 contagiados (más 233 empleados) atendiendo a la última actualización. Sobre la debacle que la entrada del virus desencadena cada vez penetra los muros de una residencia, García insistió en seguir con el plan de ruta establecido, que se basa en la realización de cribados quincenales, incluidos los trabajadores, y la visita a todos los centros de Galicia «para que tengan bien hechos esos planes de adaptación o esos planes aplicados a cada uno de los centros».
En sintonía con esta fórmula de trabajo, el presidente Alberto Núñez Feijóo avanzó que en las próximas semanas se reforzarán los cribados en las residencias para detectar contagios de Covid, y que se harán más pruebas PCR, test de antígenos, y en los casos que sea posible, test de saliva. Es, aclaró, la única manera de aflorar brotes en los centros geriátricos, con una «mayoría de casos asintomáticos». El anuncio llevó a Feijóo a hacer una valoración de la situación a día de hoy en las residencia gallegas que, siendo preocupante por lo que implica la afectación de los mayores, sigue mejorando la media nacional: «Vamos a seguir intensificando para que Galicia sea una de las Comunidades Autonómas cuyo número de fallecimientos sea menor en lo que se refiere a residencias de tercera edad. Lo cual no significa que estemos contentos ni satisfechos con la situación de las residencias», indicó el presidente.
Ante la imposibilidad del blindar estos lugares en los que el virus ha demostrado hacer los mayores estragos, el Gobierno gallego está ideando un nuevo «modelo residencial de personas mayores, que es un modelo de residencias perfeccionado». Sin aportar muchos más datos sobre la cuestión, la conselleira del ramo sí señaló ayer que estos cambios en cuanto al funcionamiento residencial se están elaborando de la mano de las autoridades sanitarias y que se trata de un nuevo paso en este modelo, que tiene que pasar obligatoriamente, asumen, «por una mayor coordinación sociosanitaria».
Dos empleadas, en contra de la manifestación de este lunes - EFE
La protesta en Salvaterra acabó en contramanifestación
La decena de fotografías captadas en el interior de la residencia de Salvaterra, intervenida por la Xunta el pasado 26 de octubre después de detectar más de un centenar de contagios entre personal y usuarios desencadenaron una polémica que este martes derivó en una protesta a las puertas del centro pontevedrés. El sindicato CIG estaba detrás de una manifestación que trató de denunciar el presunto mal trato que se daba a los mayores en el centro, pero que se topó con la respuesta de los cerca de 90 empleados que en las actuales circunstancias prestan servicio en él. Frente a las acusaciones de falta de higiene y cuidados que los convocantes argumentaban —y que están siendo investigadas por la Fiscalía— algunos de los trabajadores salieron ayer a la calle para defender la calidad y el mimo con el que realizan su trabajo. Según el grueso del plantel actual de la residencia, esas imágenes están fuera de contexto y son «malintencionadas». De ahí que intentasen contraprogramar la concentración con carteles en los que pedían poner fin a los «bulos» y a la «manipulación». El enfrentamiento hizo precisa la mediación de la Guardia Civil, que impidió a este grupo que se manifestara en la calle porque carecía de permiso para ello, por lo que desplegaron sus pancartas en las ventanas del geriátrico.
La misma versión que estos empleados la suscriben los familiares de los residentes en el geriátrico, que en una carta indicaron que hasta la pandemia siempre pudieron aparecer en el residencia sin avisar y que el trato hacia los mayores era exquisito. Con la polémica servida, la conselleira reiteró ayer que la Xunta «va a cumplir su deber» y dará «respuesta» a «todos los requerimientos» que haga la Fiscalía Superior en el marco de las diligencias sobre los cuidados que prestaba este centro. Sobre los hechos, Fabiola García relató que Política Social conoció «por parte de los medios de comunicación» la existencia de una denuncia del colectivo Trega (Traballadoras de Residencias de Galicia) trasladada «exteriormente» y que, «una vez que la denuncia llegó», se envió «inmediatamente» a la residencia «una inspección sanitaria y otra de servicios sociales», que serán «los que propongan o no la apertura de un expediente sancionador si es que hubiese alguna irregularidad».
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