Tres crisis que acusan al Gobierno

La crisis migratoria en Canarias ha desvelado una nueva fractura interna del Gobierno de Pedro Sánchez, sumido en guerras intestinas que están retratando a un Ejecutivo incompetente ante los grandes problemas de España. Los reproches entre ministros a cuenta de la situación de los inmigrantes irregulares asentados en el puerto de Arguineguín han carecido incluso del más mínimo pudor que cabría suponer a un grupo de responsables políticos expuestos a la crítica de la opinión pública. Más allá de una pugna de egos, lo que revela el ejecutivo de Sánchez es que es un equipo incapaz de gestionar sus propias competencias para resolver los tres grandes desafíos inmediatos que tiene planteados España: la crisis del Covid-19, la crisis económica y la crisis de la inmigración ilegal. Sin embargo, Sánchez y sus ministros no pierden ocasión de usar su mayoría parlamentaria para impulsar e imponer reformas sectarias. No habrá liderazgo frente a la pandemia, ni medidas económicas eficaces, ni soluciones a la avalancha de cayucos, pero el Gobierno encuentra socios y tiene energías para renovar sus más viejos prejuicios ideológicos: la deslegitimación de la derecha, el control sobre la opinión pública y los jueces y la estigmatización de la escuela católica. Parece un manual de instrucciones sacado de los años treinta del siglo pasado.


Entre tanto, frente a la pandemia, Sánchez, falso federalista, se escuda en una organización territorial del Estado que no tiene hechuras para soportar esta crisis de salud pública sin coordinación ni liderazgo central. Y, aun así, la Comunidad de Madrid se ha erigido en el espejo donde se refleja la incompetencia de los responsables sanitarios del Ejecutivo central. Agotado el filón contra Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno parece colapsado y sin criterio, con mensajes contradictorios y sin más oferta que un decreto de alarma por seis meses, es decir, abusivo y probablemente inconstitucional. La curva de contagios irá bajando, por supuesto, porque para eso está restringida la libertad de movimientos en la mayor parte del territorio nacional, pero no se deberá a una política activa planificada y ejecutada desde La Moncloa, como debería ser.


La crisis económica y de empleo ya sitúa a España como el país desarrollado con peores perspectivas a corto y medio plazo. El Gobierno no solo no toma medidas de reactivación de la actividad productiva o, al menos, de mantenimiento del tejido económico, sino que genera continuas incertidumbres sobre sus planes fiscales y sociales. Los ministros de Unidas Podemos son un factor constante de desacreditación de las propuestas económicas más o menos moderadas que lanza Nadia Calviño, agredida desde la extrema izquierda del Gobierno porque Sánchez nunca defiende a los que señala su comisario político, Pablo Iglesias.


Y la crisis de la inmigración ilegal en Canarias remata la dinámica de un Gobierno sin recursos para anticiparse y responder a los retos. La llegada de cayucos a las costas canarias empezó hace muchas semanas, las suficientes para que los departamentos de Interior e Inmigración y Seguridad Social previeran una logística adecuada para alojar a miles de inmigrantes irregulares y recabaran la colaboración de Marruecos para que controlara sus puertos de salida. Ni una cosa ni otra. La imagen de Arguineguín se habría llevado por delante a cualquier gobierno europeo medianamente preocupado por su dignidad. Las manos en las que está el Gobierno de España son torpes e incapaces.