No hay reconciliación con impunidad en Bolivia
La mano de los militares de Bolivia no fue, exactamente, la que asestó el golpe que depuso a Evo Morales en 2019; pero sí la que terminó de darle el tiro de gracia a la institucionalidad con aquella conminación al Presidente reelecto a irse.
Después, junto a los agentes policiales, los milicos sostuvieron la asonada mediante la feroz represión contra los manifestantes que defendían la democracia y al MAS…
Por eso no debe extrañar que entre los primeros puntos de la agenda del nuevo mandatario, Luis Arce, estuviese la sustitución de los altos mandos.
No fue solo un acto formal, efectuado esta semana —segunda de su mandato— con la prontitud que reclaman las circunstancias. Se trató, también, de una acción de justicia y, sobre todo, de seguridad; un movimiento imprescindible para la estabilidad boliviana y la reconciliación en un país no polarizado, pero sí dividido por la venia y el renovado auge que la usurpadora Jeanine Áñez dio a las prácticas fascistoides del Ejército y la policía, y a las acciones vandálicas del paramilitarismo.
Con el nombramiento del general de aviación Jaime Zabala como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia en sustitución del general Williams Kalimán —aquel que «sugirió» a Evo que se fuera para evitar más violencia, con lo que se consumó el golpe— Arce dio muestras de firmeza pero también de afán de conciliación hacia una masa militar que —se acepta— en su mayoría habría «obedecido órdenes», aunque también hubo miembros de conciencia —infinitamente menos— que desertaron para unirse a campesinos demandantes de la salida de Áñez como se vio, por ejemplo, en una marcha popular de Oruro a La Paz el año pasado, gracias a videos publicados en la red social Twitter.
El segundo Presidente que tiene el MAS no ha ignorado la trascendencia de ese pasado reciente en una nación que pese a todo debe caminar al rencuentro; como tampoco puede desconocer el influjo que tendrá, en ese tránsito, el rol jugado por ambas instituciones durante los 12 meses de golpismo… y el que jugará.
Luis Arce se refirió a ello de modo tangencial en la ceremonia, cuando pidió al nuevo mando devolver a las Fuerzas Armadas su institucionalidad y su lugar en la sociedad ya que, dijo, en el pasado estas fueron utilizadas «equivocadamente».
Su desafío actual, señaló Arce, es lograr que el pueblo «vuelva a confiar en que respetarán los procesos democráticos», al tiempo que encomendaba a los soldados defender la paz social y garantizar la estabilidad del gobierno «elegido por voluntad soberana, en el marco de la Constitución».
Zabala, quien se dirigió a Arce tratándolo de «hermano presidente», deseó por su parte que «la unidad nacional, la estabilidad, el interés colectivo y la integración nos permitan dejar de lado el odio y la intolerancia».
En la misma jornada, el mandatario nombró también al resto de los comandantes militares que sustituirán a los nombrados por la usurpadora Jeanine Áñez, y a las nuevas autoridades del cuerpo policial, que asoló en los campos y las ciudades luego de amotinarse contra el ejecutivo de Evo, mientras muchos de sus efectivos arrancaban de sus uniformes la insignia que muestra la whipala: la bandera indígena introducida en su atuendo durante la presidencia de Morales, como una forma de identificar a la policía con la esencia plurinacional de la República que renacía.
«No podemos tener más nunca policías que asuman acciones para ir en contra de un gobierno democrático y legalmente constituido; eso no debe volver a ocurrir nunca más y eso solo será posible mientras nuestra Policía se rija bajo los principios constitucionales, sirviendo siempre al pueblo boliviano», alertó Luis Arce cuando el coronel Máximo Jhonny Aguilera Montesinos, quien ha sido jefe de lucha contra el narcotráfico en La Paz y Santa Cruz y fue despedido durante el gobierno de Áñez, asumió la jefatura interina.
Aguilera, a su turno, criticó a aquellos policías que desconocieron el orden legalmente establecido, y admitió ante sus colegas que «hemos tenido errores» que se traducen en «una falta de doctrina y convicción y en algún momento, en algún desentendido, y eran hechos
vinculados a la corrupción», señaló.
El turno de la justicia
La imagen de una mujer —la alcaldesa cochabambina Patricia Arce— asediada por una turba que le cortó el cabello, le lanzó pintura roja y la obligó a caminar unos siete kilómetros descalza, pudo ser el cuadro más representativo del odio que se fomentaba una vez que, en noviembre de 2019, el poder fue usurpado.
Pero, entre tanto acto deleznable para provocar el terror sobre el cual pretendía sostenerse el régimen golpista auxiliado de un sistema judicial manipulado, se destacan los hechos de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Yapacaní (Santa Cruz): masacres reconocidas como tales por organismos internacionales defensores de los derechos humanos que documentaron los sucesos, y cuyo saldo fue de casi 40 muertos.
Las matanzas deben ser investigadas por el nuevo Parlamento, si este ratifica la recomendación formulada por los congresistas de mayoría masista que sostuvieron el legislativo y, de algún modo, al país durante el golpismo, y quienes, antes de entregar sus asientos hace menos de un mes, elaboraron y aprobaron un informe pormenorizado acerca de esos acontecimientos.
No faltan estimaciones de que el asunto podría provocar las primeras miradas divergentes entre el actual Gobierno y los cuerpos castrense y policial: fueron los efectivos de ambas instituciones los que protagonizaron el arrasamiento en las manifestaciones, con el uso de gases, armas de fuego y vehículos blindados.
Funcionarios de la administración de Áñez ya están citados a comparecer ante la justicia; entre ellos, los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente. Pero ambos huyeron de Bolivia y se encuentran prófugos; en Panamá, el primero, y el otro, en Brasil. El exjefe de Migración, Marcel Rivas, acaba de ser detenido como presunto cómplice en su fuga.
Aunque todavía no se ha establecido quiénes, específicamente, ordenaron las masacres, el informe del legislativo saliente dejó formuladas recomendaciones claras que debe dirimir, finalmente, el actual Parlamento.
Según la investigación realizada por una comisión mixta y que aprobó el pleno, la principal encartada es la exmandataria Áñez, quien ha ido a buscar refugio moral a su natal departamento de Beni.
Ella debe responder ante la justicia por firmar el Decreto Supremo 4078, con el cual autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para restablecer el orden público, al tiempo que eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal.
En su informe, la Comisión legislativa también recomendó juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas, y al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Similar proceso ha sido sugerido, por supuesto, contra el excomandante en jefe de la Fuerza Armada Williams Kaliman, por autorizar otras actuaciones represivas protagonizadas en las localidades de Ovejuyo y Betanzos junto a su colega, el comandante Sergio Orellana, y contra el comandante general de la Policía Rodolfo Montero.
Las investigaciones consecuentes, sin embargo, se han visto entorpecidas por la poca disposición a cooperar de allegados de los implicados, aún en activo.
Según la denuncia formulada hace unos días por la responsable de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, algunos dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas obstaculizan las indagaciones al no entregar la información requerida para aclarar los hechos, refirió PL al citar al sitio web oxigeno.bo.
La titular alegó que hay jefes militares que ocultan información o la declaran como reservada para no aportar a la justicia, y entorpecer el proceso.
Informaciones secretas obtenidas y divulgadas poco antes de las elecciones recientes, alertaron que grupos militares se alistaban para interrumpir el proceso. Esa interferencia no ocurrió, pero vale preguntarse si quedan oficiales comprometidos con el golpismo.
En un entramado social tan dolido como brutal ante la represión ejercida contra el pueblo, recomponer las relaciones con las fuerzas militares y policiales puede demandar a Luis Arce más tiempo y labor que los dedicados a sustituir a sus dirigentes.