Ley Celáa: cifran en «más de 10.000 vehículos» el seguimiento del rechazo en Galicia
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Las marchas, que concluyeron con la lectura de manifiestos, han transcurrido, se recoge en el comunicado, «sin incidencias y respetándose en todo momento las medidas de seguridad y de orden» en cinco de las siete urbes gallegas (todas salvo Santiago y Pontevedra han acogido el acto), de 11 a 13 horas, bajo el lema «Más libres, más plurales, más iguales».
«Familias, sindicatos, titulares de centros y asociaciones diversas se sumaron a las caravanas recorriendo y colapsando las ciudades», aseguran los organizadores.
Con las marchas se ha volcado el Partido Popular de Galicia, comenzando por cargos como la vicesecretaria de Política Social del partido, Ana Pastor, en Pontevedra; el vicesecretario de Participación, Jaime De Olano, junto a la presidenta provincial, Elena Candia; y en La Coruña, el presidente provincial, Diego Calvo.
«Este Gobierno recorta sus derechos [de padres, madres y profesionales] y esto no se puede permitir. Que sepa el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias que nos tienen y nos tendrán en contra», advirtieron los populares desde Lugo.
Ana Pastor, al frente de la reunión en Pontevedra con la educación concertada y especial
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En paralelo, encabezados por Pastor, cargos del partido en el Congreso y el Senado se reunieron en Pontevedra con representantes de la educación concertada y especial. «La libertad no es un privilegio, es un derecho y los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, sin que otros decidan por ellos», enfatizó Pastor, según consta en un comunicado remitido por los populares pontevedreses.
«Se aprobó una reforma educativa de espaldas a la comunidad educativa y sin consenso de los partidos», incidió, «que afecta a los pilares de la vertebración, calidad y equidad del sistema educativo para suplir la falta de previsión y liderazgo del Ministerio de Educación».
Los populares recordaron, tras el encuentro con la educación concertada y especial en Pontevedra, que «defendemos el consenso y la libertad, y una ley que otorga a las Administraciones la capacidad de escolarizar alumnos en centros contra la voluntad de sus padres bajo la excusa del equilibrio no es buena», sentenciaron.
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