Muere un líder indígena opositor en una cárcel chavista
Ha muerto otro preso político en Venezuela bajo custodia policial. Se trata del líder indígena de la etnia pemón , Salvador Franco, que fue enviado a la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, después de que el régimen de Nicolás Maduro lo involucrara en la operación Aurora, un presunto asalto a un cuartel militar en diciembre de 2019 en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. El hombre, de 44 años, tenía una orden judicial desde noviembre para ser trasladado a un hospital pero la solicitud fue ignorada y este domingo murió sin atención médica, según ha denunciado la ONG Foro Penal.
Franco habría presentado síntomas de desnutrición y enfermedades relacionadas con la insalubridad del lugar en el que estaba detenido. El sistema penitenciario en Venezuela acumula problemas legales entre los que destacan el retraso procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una clasificación de presos, la carencia de servicios básicos indispensables. De acuerdo con la ONG, Franco llegó a manifestar síntomas de padecer el Covid-19.
Rápidamente, el presidente interino, Juan Guaidó, denunció que se trata de un «asesinato» del régimen de Maduro y aseguró que se trata de «un patrón de este régimen la persecución, el secuestro, la tortura y hasta el asesinato político y por eso están señalados como criminales de lesa humanidad e investigados por la Justicia internacional».
El secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, también se hizo eco de la noticia y envió un mensaje por Twitter para condenar «la muerte por tortura del preso político venezolano de la etnia pemón Salvador Franco. Otro crimen de la dictadura en Venezuela».
«La salud del preso político indígena pemón Salvador Franco se ha deteriorado gravemente. Ya hoy no puede ni siquiera alimentarse por sí mismo. Su vida y su salud son responsabilidad directa de quienes lo mantienen injustamente encarcelado», advirtió el 24 de diciembre Foro Penal.
La Fiscalía General de Venezuela, una de las instituciones que colabora con el régimen de Nicolás Maduro, acusó a Salvador Franco y a otros doce pemones de terroristas por supuestamente participar en la operación Aurora. En enero de 2020, el fiscal Tareck William Saab, dijo que los supuestos asaltantes cargaron con «131 fusiles, 9 cañones, 5 lanzagranadas, 5 escopetas, 2 ametralladores, 209 granadas, 99 bayonetas y miles de cartuchos con municiones para todas estas armas». Todas las armas fueron recuperadas. Y aunque los indígenas negaron la acusación, fueron enviados de igual manera a prisión donde además sufrieron tratos denigrantes e inhumanos. Por ese asalto, imputaron también a cinco militares, pero estos lograron escapar a Brasil.
De acuerdo con algunos medios locales, Salvador Franco trabajaba como guía turístico en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, y demandado por los turistas por sus imponentes tepuyes y su extensa naturaleza. En Venezuela hay 356 presos políticos, según Foro Penal, una cifra que ha sido certificada además por la OEA. De ese número, 330 son hombres y 26 mujeres; y de ellos, 226 son civiles, 130 militares, y dos son adolescentes. De acuerdo con el informe de la ONG, desde 2014, se han registrado 15.661 detenciones políticas en el país suramericano. En esa lista, actualizada el 8 de diciembre de 2020, se encontraba Franco.
Motín de presos comunes
Por otra parte, este lunes se supo que los reos de la cárcel Tocuyito, en el estado Carabobo, en el centro del país, iniciaron un motín el fin de semana para protestar por la falta de alimentos. La confirmación la hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que explicó que «el hambre y la desidia penitenciaria en Venezuela están causando graves estragos dentro de la cárcel de Tocuyito, donde los presos aseguran que llevan más de tres meses sin comer carne o pollo y su ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta».
En la protesta habrían participado al menos 160 presos, quienes han quemado colchones y otros objetos en la azotea del penal desde el 1 de enero, y se mantuvieron amotinados hasta el día siguiente.