Castilla y León pide al Gobierno que permita los confinamientos domiciliarios
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Al respecto, Casado ha defendido que «este momento sería bueno» para realizar un confimaniento de este tipo durante diez días porque demuestra resultados. Sin embargo, ha reconocido que a día de hoy las comunidades no tienen capacidad para tomar esta decisión porque las competencias delegadas por el Ejecutivo nacional se limitan al toque de queda, la limitación de personas en las reuniones , el cierre perimetral y el aforo de los lugares de culto.
Otra medida que recomienda el comité de expertos es que Ávila pase a nivel 4 de alerta, mientras que para Segovia, que ya subió a ese escalón en la madrugada del pasado domingo, solicitan medidas de restricción «excepcionales». Estas propuestas la asume la Junta de Castilla y León, que, según la consejera, impulsará su desarrollo en los próximos días.
En cuanto a la situación de Segovia, ha indicado que el grave empeoramiento de los datos en los últimos días obliga a que el Consejo de Gobierno del próximo jueves estudie impulsar acciones como el cierre de la hostelería y de los centros comerciales.
El nivel 4 con medidas excepcionales supondría eliminar la actividad de la restauración, sólo se mantendría servicio a domicilio y para llevar, se cerrarían al público de los grandes establecimientos comerciales, así como comercios de más de 2.500 metros cuadrados. Además, se incluye también el cierre al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire libre.
Día de Reyes
Otra de las cuestiones que ha planteado la consejera es la recomendación de que se «cancelen todas las actividades navideñas» que restan por celebrarse y que puedan suponer alglomeración de personas. En concreto, para el Día de Reyes ha recomendado que no se reúnan en domicilios personas de más de una burbuja de convivencia.
Además de aconsejar que se mantenga el toque de queda y el cierre perimetral, los especialistas de la Comunidad han solicitado que «se prohiban» las terrazas de hostelería conocidas como «peceras» y que se impongan «sanciones ejemplares y públicas» para los que no cumplan las normas.