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Январь
2021

El juzgado archiva la investigación por las mordidas de los asesores del alcalde de Orense

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Abc.es 
Gonzalo Pérez Jácome ya tiene regalo de Reyes. El Juzgado de Instrucción nº3 de Orense ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación que se abrió por las «donaciones forzosas» a su partido que el alcalde de la ciudad exigía a sus asesores con sueldo en el Concello, por los presuntos delitos de cohecho, fraude y exacciones ilegales. Las diligencias se abrieron tras la denuncia de uno de estos asesores, ratificada posteriormente por los concejales del sector crítico, encabezados por Miguel Caride, y abiertamente enfrentados con el alcalde. Sin embargo, la instructora Eva Armesto no ha considerado acreditado ni que se forzara a este personal eventual a donar a Democracia Ourensana (DO) una parte de su salario, ni que las mordidas fueran un requisito previo para su contratación ni que, como atestiguaron varias personas en sede judicial, Jácome contratara a dos personas para dejarlas sin ocupación a cambio de una parte importante de su sueldo.


Durante los meses que ha durado el desarrollo de las diligencias de investigación, la juez ha tomado declaración a distintos asesores actualmente en la nómina del Concello. Las testificales fueron de lo más variopintas. Algunos reconocían haber pasado por caja y haber realizado donaciones a Democracia Orensana, pero siempre de manera voluntaria, sin que nadie se lo exigiera o se planteara como una condición para ser contratados. Uno de los testigos afirmó que «fue requerido para realizar las dopnaciones, si bien no fue condicionado a su nombramiento y que no realizó las mismas al no estar de acuerdo».


Incluso, algunos llegaron a manifestar en sede judicial su decisión de dejar de pagarle al partido a mitad de mandato, sin que ello hubiera tenido consecuencias. Es decir, las mordidas o aportaciones existieron pero la investigación no ha logrado probar que fueran forzosas, al menos en el personal eventual que hoy sigue trabajando gracias a Jácome en el consistorio orensano. El alcalde siempre sostuvo que se trataban de donaciones voluntarias, equiparables a las de cualquier otro partido. Sus empleados no han dejado en evidencia a su empleador.


La juez ha dado más validez a estos testimonios que al denunciante, Bruno P., quien sostuvo que, en su caso, sí fue relegado de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento una vez que se negó a dejar de aportar el 60% de su sueldo a DO. Para la instructora, el denunciante «no concreta la razón de sentirse coaccionado, y la mera sospecha que afirma de que su cambio de trabajo de asesor político a auxiliar político fue por dejar de hacer donaciones, no constituye prueba de tal hecho».


«De las actuaciones practicadas no concurre prueba de la vinculación de las donaciones a que hacen referencia los denunciantes con el nombramiento por parte del alcalde del personal eventual», concluye en el auto la instructora. El jefe de prensa del Concello, en su declaración, «afirma la existencia de un complot para derribar al alcalde», y negó que hubiera asesores sin ocupación contratados solo para derivar una parte de su sueldo al alcalde. Miguel Caride aseguraba haber tenido conocimiento de esta situación a través de este jefe de prensa.


En su resolución, la juez Armesto ni siquiera entra en las posibles irregularidades en la contabilidad de Democracia Ourensana por considerarse no competente, dado que la fiscalización de los partidos políticos corresponde al Tribunal de Cuentas, y según afirmaron varios testigos, la formación de Jácome habría remitido sus números a este organismo en tiempo y forma. «La jurisdiccion penal no es la vía adecuada (...)» para auditar la gestion económica de DO, aunque si de las «decisiones unilaterales del alcalde sobre la aplicación de los recursos» del partido «resultase algún ilícito» y así lo estimara Cuentas, esto podría dar lugar «al procedimiento correspondiente».


Pérez Jácome ha celebrado la decisión del Juzgado a través de sus redes sociales. «Siempre dije que era una trama», ha insistido, «se sobreseyó el caso sin siquiera llamarme a declarar», y lo atribuyó a que todo formó parte de una «denuncia falsa» que «los traidores —en referencia a los concejales del grupo de los críticos— hicieron contra mi persona».



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