El hermano de Ximo Puig recibió información privilegiada sobre contratos públicos
Las productoras del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana y sus socios recibieron información sobre la licitación de un contrato por valor de 646.000 euros para prestar servicios audiovisuales a À Punt en la provincia de Castellón semanas antes de que se hiciera pública.
Es lo que se desprende de la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, que ha multado a las empresas Comunicacions dels Ports, propiedad de Francis Puig, con 16.801 euros, así como a los hermanos Adell Bover, responsables de Canal Maestrat y Kriol, con 26.103, y a la compañía Visualiza, con otros 3.337 euros. Las cuatro firmas han sido sancionadas por pactar los precios –idénticos para todos los lotes a licitar– con los que se presentaron al proceso. Una infracción calificada como «muy grave».
Este órgano independiente del Gobierno valenciano incluye en el expediente una serie de conversaciones de Whatsapp, intervenidas con el beneplácito de un juez tras la inspección de la sede de Canal Maestrat y Kriol, en las que se detalla cómo los empresarios tuvieron conocimiento de la futura convocatoria y de los pliegos de la licitación en noviembre de 2018, cuando no se colgaron en la plataforma de la radiotelevisión pública valenciana hasta enero de 2019.
«¿Vais a rebajar mucho el importe?», se preguntaban entre ellos en uno de esos chats. En los mismos se reconocen dos encuentros privados con la delegada de À Punt en Castellón y conversaciones constantes con un trabajador del ente, que les advierte de que en sus ofertas señalen el importe máximo posible como precio final del contrato.
«A mí me dijo el asesor jurídico que en cuanto al presupuesto pusiéramos el máximo para cada lote. Lo que iban a mirar era el coste por servicio, ¿vale?», apunta uno de los miembros del cártel en un audio.
En medio de esas negociaciones y con el plazo casi agotado para presentarse, À Punt publicó una aclaración al pliego con esas mismas indicaciones que el asesor había dado a las productoras implicadas. Pero cuando se abrieron los sobres una vez terminado el proceso, la corporación pública advirtió la trampa –en cada contrato de los que se ofertaban una empresa pujaba a la baja, así todas salían beneficiadas– y trasladó el asunto a Competencia.
Las productoras de los Adell Bover fueron descartadas y la de Puig –que va a recurrir la multa– se autoexcluyó del proceso. Al respecto, el organismo autónomo, adscrito a la Conselleria de Economía, considera «indiscutible que empresas que compiten en un mismo mercado y se intercambian información comercial sensible para conseguirlo deben ser conscientes y plenamente conocedoras de que su comportamiento no resulta acorde con las más elementales normas de comportamiento empresarial en mercados competitivos». Ahora, la Junta de Contratación del Estado deberá decidir si excluye a estas firmas de futuras licitaciones públicas.
«Nada que decir»
Preguntado sobre este asunto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer que a él, como jefe del Consell, «no le afecta para nada» la resolución de Competencia y se mostró «sorprendido» por la petición del PP para que comparezca en la diputación permanente de las Cortes Valencianas porque, según Puig, la Administración ha tratado este caso con «absoluta normalidad» y, por lo tanto, no tiene «nada que decir» al respecto.
«Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede, o aceptarla o recurrirla», apuntó el presidente autonómico. «Lo que corresponde es que continúe ese procedimiento y después, en el futuro, aquellos que sean responsables tendrán que rendir cuentas si es el caso», zanjó.
Pero desde la oposición no lo ven tan claro. El Partido Popular también pide explicaciones al director general de À Punt, Alfred Costa, ante la «gravedad» de las negociaciones por parte de trabajadores del ente. Unos hechos que los populares creen que pueden ser constitutivos de un delito de «tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación»
«Una auténtica vergüenza», según la portavoz adjunta del Grupo Popular, Eva Ortiz, quien aseguró que el presidente valenciano «no puede negar desconocimiento» sobre lo que hace su familia «a estas alturas de la película». Por ello, un vez obtengan el expediente completo –una parte de la investigación es secreta todavía– lo llevarán ante el juzgado que investiga el supuesto fraude en la obtención de subvenciones –alrededor de 1,2 millones de euros– para el fomento del valenciano por parte de las mismas empresas implicadas de Puig y los Adell Bover. Ayudas justificadas, presuntamente, duplicando facturas y falseando datos entre sociedades.
Por su parte, en un comunicado, Comunicacions dels Ports defendía ayer que licitó al concurso de corresponsalías en base a un informe preparado por un profesional independiente y apuntaba que de haber querido pactar, no se hubieran ofertado precios exactos hasta el céntimo.