El Gobierno promueve la candidatura del español Carlos Castresana a fiscal jefe del TPI como aspirante de "consenso"
Confían en que "prevalezcan la calidad técnica y la experiencia sobre otro tipo de consideraciones"
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Gobierno, a través de los ministerios de Exteriores y Justicia, ha realizado diversas gestiones destinadas a conseguir que el fiscal español Carlos Castresana sea elegido fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), poniendo en valor no solo su experiencia dentro y fuera de nuestras fronteras, sino también su perfil como "candidato de consenso", algo que en estos momentos parece ser la clave.
Castresana, conocido en España por las investigaciones a Jesús Gil y a nivel internacional por el caso Pinochet, ha ido superando los sucesivos filtros hasta colocarse en la 'lista corta' de favoritos que completan el británico Karim Khan, el irlandés Fergal Gaynor y, en menor medida, el italiano Francesco Lo Voi. Se espera que el nuevo fiscal jefe del TPI se decida el próximo 4 de febrero pero, si no hay acuerdo, la decisión quedará aplazada al día 8.
Tras la tercera ronda de consultas en el seno de la Asamblea de Estados Parte, integrada por los 123 países que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI--, los candidatos británico e irlandés surgen como principales aspirantes, aunque prácticamente empatados, lo que abre una tercera vía que encarna Castresana y cobra fuerza a medida que crece el interés en que el nuevo fiscal jefe sea elegido por consenso.
De hecho, esta es una de las bazas que está jugando España. Las fuentes ministeriales consultadas por Europa Press confían en que sea elegido como "candidato de consenso", aunque subrayan que no es la única fortaleza de Castresana. Así, destacan que es el mejor aspirante teniendo en cuenta "el interés de la Justicia".
EL FISCAL DE PINOCHET FRENTE AL ABOGADO DE GADAFI
En concreto, recalcan que Castresana es el único fiscal de los tres contendientes y como tal ha atesorado una vasta experiencia en el terreno de la justicia penal internacional. Fue el fiscal que impulsó el caso contra Augusto Pinochet en la Audiencia Nacional y contra las juntas militares de Argentina. Además, dirigió las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según recordó el propio Castresana en una reciente entrevista con Europa Press, cuenta con más de 40 años de ejercicio profesional, de los cuales la mitad ha trabajado en el ámbito de la UE y la otra mitad en América Latina, África y Asia, algo que --en su opinión-- podría contribuir a rebajar las tensiones entre "países del norte y del sur, países grandes y pequeños".
Por su parte, Khan es un abogado británico que ha litigado en el TPI con clientes como el libio Saif al Islam Gadafi, el liberiano Charles Taylor o el rebelde sudanés Abu Garda, si bien actualmente forma parte del equipo de la ONU que investiga los crímenes de Estado Islámico. Gaynor, abogado irlandés, ha trabajado en los tribunales especiales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Kosovo y Camboya y representado ante el TPI a las víctimas de la violencia desatada en Kenia en 2008.
Otro de los rasgos que distinguen a Castresana de sus rivales directos, de acuerdo con las fuentes consultadas, es que procede del 'civil law' o derecho continental, mientras que tanto el británico como el irlandés vienen del 'common law'.
EL MEJOR PROYECTO
Al margen de este tipo de cuestiones, las fuentes defienden que Castresana tiene el mejor proyecto para "relanzar" el TPI. Un proyecto que, según esbozó en dicha entrevista, a corto plazo supone revisar los casos pendientes, algunos desde hace casi dos décadas, y "tomar decisiones" que implicarían priorizar aquellos que tengan más probabilidades de éxito, teniendo en cuenta asimismo el interés de las víctimas, y dejar en "hibernación" los demás.
Una vez despejado el camino, Castresana se propone introducir en la Fiscalía del TPI las mejores prácticas nacionales con métodos de investigación del "siglo XXI" que incluyan expertos financieros, en tecnología y en asuntos militares, para abandonar paulatinamente un modelo basado en documentos y testigos que ha ralentizado los procesos y no ha dado buenos resultados en las salas de juicio.
Con todo ello, el candidato español, que actualmente es fiscal en el Tribunal de Cuentas, quiere "poner a punto" la maquinaria de La Haya para empezar a obtener "resultados ilusionantes" que terminen de convencer a los países --los que ya son miembros del TPI y los que no-- y lograr así la ansiada colaboración de las autoridades nacionales, de la que depende la Corte para hacer cumplir sus decisiones.
Desde el Gobierno esperan que en la designación del nuevo fiscal jefe del TPI, que tomará posesión el 15 de junio para un mandato de nueve años, "prevalezcan la calidad técnica y la experiencia sobre otro tipo de consideraciones". Fuentes de Justicia aseguran que el ministro, Juan Carlos Campo, y la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional están "volcados" para que Castresana sea el ganador.
"OPTIMISTA" SOBRE EL FUTURO DEL TPI
Entre los expedientes que podría heredar de la actual fiscal jefe, la jurista gambiana Fatou Bensouda, que ha prometido cerrar o abrir investigaciones sobre algunas antes de irse, figuran las denuncias por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela --unos atribuidos al presidente, Nicolás Maduro, y otros a las sanciones internacionales--, la guerra contra las drogas en Filipinas o Palestina.
Si bien rehusó pronunciarse sobre las causas abiertas, Castresana sí avanzó a Europa Press que pretende entablar un diálogo con Estados Unidos, que no es miembro del TPI y durante la Presidencia de Donald Trump se alejó aún más de La Haya por sus investigaciones sobre Afganistán, en busca de una nueva relación con la Administración Biden. En cuanto al "menú de conductas prohibidas", descartó que sea el momento de ampliarlo pero apuntó: "El crimen medioambiental es el futuro, los crímenes contra la mujer son el presente".
Castresana es "optimista" sobre sus opciones y sobre el propio TPI. Si no fuera así, explicó, no abandonaría una "vida tranquila" para lo que considera un "sacrificio" personal, aunque también una "gran oportunidad". "No estaría en esta competición si no pensara que la Fiscalía y la Corte pueden, además de que deban, dar los resultados que la comunidad internacional está reclamando y que necesita, sobre todo las víctimas", afirmó.