La Justicia de Familia: La invisibilidad de su urgencia
La crisis de las instituciones, sin duda, también toca al Poder Judicial. Y no solo por los asuntos penales, que son los que ocupan portadas y columnas de opinión. Hay un ala de la justicia que pareciera que nadie ve: la justicia de familia.
Es ella, la que conoce las graves vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que son atendidos por la red SENAME. También, la que ha tenido que responder a una carga de trabajo insospechada luego de que se aprobara la ley que habilita la retención del 10% de la AFP por deuda de alimentos. Son esos Tribunales, los que deben resolver los problemas más íntimos de las personas, y, lamentablemente, muchas veces lo hacen alejados de su mandato legal.
Ejemplos de lo anterior, sobran. En algunos tribunales, se limita la libertad de prueba en materia de alimentos, que la ley sí contempla, exigiendo a las partes a contratar peritos sociales, lo que implica un alto costo, que muchas veces obliga a llegar a acuerdos, a fin de evitar un juicio, frente a la imposibilidad de probar debidamente. En otros, limitan el número de testigos, pese a que dicha limitación no existe en la ley. Ni hablar de las audiencias de juicio, que pueden ser suspendidas por largo tiempo, infringiendo el principio de continuidad, lo cual, no ocurre en materia penal, que se realizan audiencias sábados y domingos, si así se requiere.
Punto aparte es el funcionamiento del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que carece de regulación legal, y, no obstante, tiene bajo a su alero todas las causas proteccionales de la jurisdicción y ha tenido prácticas tan nefastas, como decretar medidas de internación residencial de niños y niñas, sin siquiera haber celebrado una audiencia con las partes involucradas en el asunto.
No es baladí que sean aquellos grupos que requieren medidas de especial protección por parte del Estado, los que siempre deban pagar la cuenta por la indiferencia de las autoridades. La violencia contra mujeres, niñas y niños; el cuidado personal de éstos o la pensión de alimentos, no son asuntos donde el Estado no deba ejercer un rol activo para su garantía y protección, sino todo lo contrario.
Que la justicia no se tarde y llegue íntegramente a todos y todas, especialmente cuando se trata de materias tan vitales, es un asunto de una relevancia crucial. Lo que está en juego es indispensable para la vida cotidiana de las personas como lo son, poder contar con medidas adecuadas ante la violencia o una pensión de alimentos oportuna y digna para niños y niñas.
Esta es una materia que se debe abordar hoy. Mañana, como siempre, será tarde; y no habrá espacio para decir que “no lo vimos venir”.