Acebes regresa a 2013 anclado en que la caja B no existió y los papeles de Bárcenas son "falsos"
El juicio de la caja B del Partido Popular regresó este lunes al año 2013 con la declaración del ex secretario general Ángel Acebes. En aquellos primeros días de febrero, Luis Bárcenas concedía entrevistas asegurando que los papeles publicados por El País eran una falsificación y la caja B un invento interesado. Ocho años después, tras dos sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dando por probada la financiación irregular del partido y la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del poder, Ángel Acebes compareció como testigo y aseguró que los manuscritos en los que se basa la causa son "rotundamente falsos".
El último ministro del Interior de José María Aznar se ancló en la versión de aquellos días como su jefe lo hizo con el 11M y la autoría islamista recientemente en el programa de La Sexta. "Al Gobierno de entonces le puede usted acusar de lo que quiera, menos de no decir la verdad", dijo Aznar hace dos semanas a Jordi Évole. Este lunes, Acebes afirmó sobre los papeles de Bárcenas: "Sigo sin explicarme a qué responden esos apuntes. Lo único que puedo decirle es que no son ciertos y que son rotundamente falsos porque no se corresponden con la realidad ni a nada que yo conozca".
La falsedad de los papeles de la que habló Acebes afectan también a las anotaciones sobre los sobresueldos que él habría recibido procedentes del dinero negro de los empresarios, 107.100 euros en total. "No, en absoluto. Lo desmiento tajantemente. Es falso. Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria", dijo desde algún lugar sin identificar que no fue la sala en la que se celebra el juicio. Acebes se acogió al artículo 14 de la ley aprobada el pasado mes de septiembre para la actuación del sistema de justicia durante la pandemia y no acudió a declarar a la Audiencia Nacional. Además apareció cubierto con una mascarilla en una suerte de despacho donde no se apreciaba a nadie más.
Los estatutos de Partido Popular se han convertido en la mejor defensa de un responsable del PP durante los más de veinte años que se extendió el funcionamiento de la caja B. Los utilizó Acebes en fase de instrucción para explicar a Pablo Ruz que según el documento que rige el funcionamiento del PP, su tesorero puede tomar decisiones, por trascendentes que sean, donde no pueden entrar ni los presidentes, ni los secretarios generales.
Ese mismo argumento fue casi recitado ante Ruz por María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos en fase de instrucción y por el propio Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel. Y no se quedó ahí: los estatutos saltaron como argumento de descargo del caso de la caja B de Génova al caso de la caja B de Madrid. Esperanza Aguirre los esgrimió ante el juez del caso Púnica para responsabilizar de cualquier irregularidad en la financiación de la formación que ella presidió a su tesorero, Beltrán Gutiérrez.
Esos artículos que descargan a cualquier cargo del Partido Popular por encima del tesorero dicen que los secretarios generales se encargan de la política, pero no de la administración, ni siquiera como supervisores de la labor de tesorero y gerente, pues el primero de estos informa al comité ejecutivo del partido para explicar en qué se ha gastado el dinero después de hacerlo.
Acebes pudo extenderse en esta explicación desde el comienzo mismo de su intervención ya que el representante de la acusación pública, el fiscal especial Antonio Romeral, le preguntó primero si se ratificaba en su declaración como imputado en fase de instrucción y después le abordó por esa independencia de la que gozaron Bárcenas y Lapuerta, según la tesis de la dirección del PP. Acebes fue el único secretario general que llegó a estar imputado y fue, concretamente, por la compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro de la caja B. Acebes lleva, con un paréntesis de algunos meses, siendo consejero de Iberdrola desde 2014 y socio de un despacho de abogados junto al también ministro de Aznar José María Michavila.
Por más que pasen los años y los dirigentes del partido reiteren que ellos no tenían por qué saber nada de la financiación del mismo ni del pago de las obras de su sede nacional, las explicaciones no parecieron convencer a la jefa del departamento Derecho Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane. "Me llama la atención que una decisión tan relevante como era iniciar una remodelación en el edificio donde tenían su sede y que iba a abarcar una serie de años (…) ¿me quiere decir que la tomó don Álvaro Lapuerta y decidió el importe que se iba a gastar en esa reforma, de forma autónoma, y luego lo metió en los presupuestos?", le llegó a preguntar a Acebes.
El exministro del Interior contestó afirmativamente y precisó que, de hecho, la "iniciativa" de gastar millones en reformar Génova partió en 2005 del número dos de Bárcenas en la Gerencia del partido, Cristóbal Páez, y que esto tuvo que llevar el visto bueno de Lapuerta, tesorero en aquel entonces y del que dependía finalmente, pero que todo eso era ajeno al secretario general y al presidente. Para intentar asentar su tesis, Acebes dijo que luego Páez iba explicándoles el proyecto de la obra, planta a planta, pero a título meramente informativo, sin que hubiera nada que discutir.
Más difuso en sus explicaciones había sido el exsenador del PP y antiguo responsable de la acción exterior del partido, Luis María Fraga Egusquiaguirre, sobrino del fundador de Alianza Popular y del Partido Popular. Amigo de Luis Bárcenas, Fraga Egusquiaguirre dijo que el extesorero es el "chivo expiatorio" de que en España no haya un sistema de financiación transparente de los partidos, tesis que repitió al menos cinco veces. "Discúlpeme, pero no nos interesa la teoría general", le tuvo que decir el abogado Mariano Benítez de Lugo, de Adade.
Por lo demás, Luis María Fraga insistió en lo cultos que son Bárcenas, que era Lapuerta y, por supuesto, que era él, a quien nada le interesan las cuestiones del dinero. Eso sí, admitió una cuenta en Suiza regularizada, así como en otros países, porque en los años setenta y ochenta se dedicó a vivir en el extranjero y a hacer negocios. También se permitió, o le permitió el tribunal, hablar jocosamente de "los papeles de Soto", en referencia a cuatro folios donde Bárcenas habría apuntado todos los libros que había leído en la cárcel y sus autores.
Con más interés para la causa, Fraga Egusquiaguirre confirmó que en el PP se pagaban "sueldos de transición" cuando alguien dejaba un cargo. "Cómo se le iba a dejar en la indigencia", afirmó. Y cuando el abogado Gonzalo Boye le insistió por la autorización de esos sobresueldos, el testigo dijo que se le preguntara a Mariano Rajoy y "a la secretaria general que él puso", en referencia a Cospedal. Tanto Rajoy como Cospedal comparecerán como testigos la próxima semana.
Entre los testigos de la jornada del lunes también declaró Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital cuando el medio de Federico Jiménez Losantos lanzó una ampliación de capital y el PP adquirió acciones con dinero negro de la caja B porque, según Bárcenas, estaban en la línea de atribuir el 11M a ETA. Recarte reconoció que fueron a ver a Aznar, Aguirre o Acebes, entre otros dirigentes del partido, para que les ayudaran a buscar inversores, pero que el PP en sí nunca compró acciones.
"Era un proyecto ideológico que necesitaba fondos para hacer frente a la situación. Acababa de ganar el PSOE las elecciones el señor Zapatero y se presentaban, desde un punto de vista ideológico y de los medios de comunicación, unos años difíciles", declaró Recarte.