“La libertad de expresión tiene límite”, recalca magistrada
Aunque la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis, se abstuvo de dar su opinión sobre el caso de la denuncia que interpuso Clara Luz Flores Carrales por violencia política de género contra el comediante Marco Polo, la doctora dejó en claro, en lo referente a la libertad de expresión, que ésta tiene límite.
Además, durante su conferencia virtual “Violencia política en razón de género. Proceso electoral 2020-2021”, un evento organizado por la Comisión Estatal Electoral Nuevo León en el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista reiteró que el mayor reto será para las instituciones electorales al no tener el respaldo del Congreso local.
Sobre la denuncia de la candidata a la gubernatura del Estado de la coalición Juntos Haremos Historia por Nuevo León, la magistrada señaló que si daba su opinión al respecto la Ley le impediría participar, en caso de que eso sucediera, en el juicio.
“Pediría que comprendan que me voy a abstener de contestar porque todos aquellos asuntos que pueden llegar a Sala Superior, si yo me pronuncio con anterioridad sobre cuál es mi opinión, se considera por la Ley que justamente ya al haber hecho un pronunciamiento ya no puedo participar en la resolución del juicio”, comentó.
Sin embargo, tras ser cuestionada más adelante durante la sesión de preguntas y respuestas sobre la libertad de expresión, recalcó su desacuerdo en que se violente a una mujer por motivo de género.
“La libertad de expresión tiene límite, el límite de la libertad de expresión es el derecho de a quién se está dirigiendo esta expresión, por ende yo no puedo compartir que el violentar a una mujer por el simple hecho de ser una mujer forme parte de lo que es la libertad de expresión”, puntualizó.
En lo referente al reto que se avecina de aplicar y hacer que se cumplan las reformas a la ley, Otálora Malassis precisó que éste será debido a que el Congreso local no se armonizó con lo dispuesto por el Legislativo federal.
“El mayor reto va a radicar en la fortaleza tanto del organismo público local electoral como del tribunal local porque no van a tener el respaldo del Congreso, al no estar aplicando una norma local”, destacó.
Por otra parte, indicó que a la fecha no han llegado asuntos a la Sala Superior de mujeres trans por motivos de violencia política de género.
Mientras que sobre las diferencias entre la violencia política y violencia política de género, mencionó como una de las principales que el victimario no será inscrito en las listas locales y federal de violentadores en el caso de la primera violencia citada.