Vox reclama al Gobierno la nulidad del rescate de Plus Ultra y la «devolución inmediata» de los 53 millones
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El documento, firmado por la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, exige «reclamar a Plus Ultra la devolución inmediata de los 53 millones de euros recibidos como apoyo público temporal con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas». Según denuncia el grupo, pese a que el Gobierno ha insistido en lo contrario, la españolidad de la aerolínea está en duda. «La parte de capital social no español de la compañía supuestamente española asciende a, como mínimo, el 56,80%», asegura el escrito. «Ello determina el incumplimiento de la normativa europea para que la aerolínea pueda ser considerada española y, en consecuencia, que no pueda conservar la licencia de explotación española que concede la Agencia Estatal de Seguridad Aérea», prosigue.
Vox también remarca la débil situación financiera de la aerolínea y recuerda que una de las condiciones para ser rescatada con dinero público es «no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019». Plus Ultra, tal y como publicó este diario, «nunca ha presentado cuentas anuales con resultado positivo desde su fundación en 2011. En 2016 comenzaron sus operaciones y, desde ese momento, arrastra unas pérdidas acumuladas de 10,6 millones de euros», reza la PNL.
Además, varias entidades financieras rechazaron dar préstamos a la compañía, tal y como señala Plus Ultra en el informe anual, recuerda Vox. Que también incide en las dudas que existen en torno a las fuentes de financiación de la aerolínea que, «más allá de algunos contratos de financiación menor, solo ha obtenido en 2017 un préstamo participativo de 6,3 millones de euros de la compañía panameña Panacorp».
Además, Vox duda de otro de los principales argumentos del Gobierno para sustentar la operación: el carácter «estratégico» de la aerolínea. El Ejecutivo defiende que «la compañía emplea a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos». Pero Vox duda de tales cifras y asevera que «no se efectúa mayor explicación sobre en qué centros se ubican tales empleados o cuáles de ellos se encuentran en situación de suspensión temporal de empleo». Además, recuerda la formación de Santiago Abascal, «el dato de empleo proporcionado por el Gobierno contrasta con el hecho de que Plus Ultra solo disponía a 9 de marzo de un único avión, modelo Airbus A340-300 y de 17 años de antigüedad, en régimen de alquiler, que permanecería estacionado desde el pasado mes de enero».
Vox también duda sobre la capacidad de la aerolínea para reponerse del suro golpe asestado por la pandemia. «Es dudoso que la aerolínea haya demostrado su viabilidad a medio y largo plazo -otro de los requisitos para acceder a un apoyo público- cuando nunca ha sido viable», afirma. Lo que, a medio plazo, también ensombrece las posibilidades de recuperar estos millones públicos. 43. A este respecto, y tomando como referencia un plazo de devolución de siete años, la compañía debería obtener un beneficio neto medio por ejercicio de, aproximadamente, 7,5 millones de euros. «Teniendo en cuenta que el año de mayor facturación (2020) arrojó un resultado antes de impuestos de -3,5 millones de euros, que sus pérdidas acumuladas eran de más de 13 millones de euros y que el sector aéreo está siendo uno de los más castigados por la crisis, resulta muy poco probable que Plus Ultra pueda reembolsar alguna cantidad», prevé el escrito.
Además, aunque Vox reconoce que, por el momento, no consta que Plus Ultra haya sido condenada en firme como persona jurídica por ninguno de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, tal y como exige la norma, sí que hace referencia a distintos procesos que están siendo investigados.
Así, Vox reclama que el Consejo de Ministros «debe iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo referido para declarar la nulidad radical» de la concesión del rescate de 53 millones de euros a una «aerolínea inviable económicamente, irrelevante en términos estratégicos y sospechosa de vínculos con paraísos fiscales y con regímenes genocidas».